El municipio de San Pedro Garza García pactó con el Instituto de Defensoría Pública una alianza para colaborar con el Sistema de Justicia Cívica municipal, que incluye la figura de defensor público de oficio.
El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, y Santiago Antonio Piccone Berlanga, director General del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, firmaron el acuerdo ante la presencia de autoridades de la Contraloría y Transparencia municipal.
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Con este acuerdo se busca colaborar con el Sistema de Justicia Cívica municipal, que incluye la figura de defensor público de oficio para procedimientos administrativos ante un juez público.
Durante la alianza se estableció que se pretende tener una convivencia en paz, al contar con un sistema en el que se pueda resolver nuestros problemas, de tal manera que en todo el municipio se respire un ambiente de legalidad.
Por su parte, el alcalde Miguel Treviño destacó que se hará un referente para que pueda servir a otros municipios, pues es el primero en el estado que firma un convenio de colaboración con el instituto.
Dijo que con ello se reafirma el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, además de que se dará un ejemplo didáctico a niños y jóvenes para aprender sobre la justicia.
“Es más fácil que los niños y adolescentes entiendan los principios de nuestro sistema de justicia a través de los casos sencillos que pueden ser faltas o cosas que se vean como muy menores, pero que tienen un impacto directo en ir generando conciencia en los ciudadanos, y futuros ciudadanos, de que hay reglas y que el sistema de justicia está para escuchar y equilibrar”, dijo.
El convenio de colaboración tiene 3 ejes fundamentales: Organizar conversatorios periódicamente entre ambas instituciones para compartir experiencias profesionales e identificar áreas de oportunidad a nivel operativo o normativo.
Además, se busca compartir programas de capacitación en técnicas de juicios orales, derechos humanos, técnicas de argumentación jurídica y homologar la prestación del servicio de defensa pública con los estándares internacionales y nacionales y de forma técnica, material y activa.