La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local acordó junto con el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General trabajar en una Ley de Justicia Cívica, al tiempo que los organismos hicieron su “cartita” presupuestal.
Invitados por el diputado Javier Caballero Gaona, Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública del Estado; José Manuel Guajardo, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Justicia; Cynthia Marín, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y Jorge Fernando Garza Morales, comisario de Fuerza Civil, señalaron que hacen más trabajo con pocos recursos.
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Por ejemplo, Aldo Fasci, manifestó que la Ley de Disciplina Financiera impedirá hacer crecer las nóminas en más del 3 por ciento, siendo éste un golpe para los propósitos de generar paz y tranquilidad a los nuevoleoneses.
Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general, coincidió con Aldo Fasci señalando que combatir la delincuencia organizada y prevenirla requiere de recursos económicos, que deberán ser etiquetados en el Presupuesto 2022.
Lamentó que la FGJ haya sido castigada en el presupuesto durante los últimos años, en específico durante el mandato de Jaime Rodríguez Calderón.
Sin embargo, manifestó que en el 2018 recibieron 3 mil 800 empleados y ahorita tienen 3 mil 400.
“Se requiere de más personal porque han judicializado más asuntos que antes. Somos los que menos hemos recibido presupuesto en un 2.47 por ciento, la Comisión de Justicia está involucrada en las cuestiones presupuestales para dar resultados”, manifestó.
En 30 minutos, expuso, un agente ministerial atiende a las víctimas de cualquier delito, motivo por el cual se está trabajando ahora en la Justicia Cívica.
Por lo que Javier Caballero, del PRI, se comprometió a trabajar de la mano para mejorar los índices de seguridad en la entidad y agilizar la impartición de justicia.
“Escuchamos algunas de las iniciativas y tomamos nota, hay otras que ya están en cartera y en próximas fechas estaremos dando seguimiento a cada una de ellas”, indicó.
Caballero Gaona manifestó que se revisarán los planteamientos vertidos en la reunión para mejorar herramientas y equipo necesario a las áreas de seguridad y procuración de justicia.
Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, refirió que tiene un déficit de jueces, dado que 35 se encargan de analizar todos los asuntos.
Con base en lo expuesto en la Comisión, el Poder Judicial, mes con mes, trabaja entre 2 mil y 2 mil 500 carpetas de investigación que le turna la Fiscalía.
“El reto es mejorar la seguridad en Nuevo León, necesitamos de una Ley de Justicia Cívica que le va a permitir a los alcaldes resolver los problemas que tienen en el municipio en menos tiempo. El proyecto de justicia cívica es el proyecto más importante por lo que tiene que presentarse y aprobar la Ley”, destacó.
También comentó que hay municipios de Nuevo León que no tienen juzgados, por lo que trabajarán con alcaldes de la zona rural en módulos judiciales para atender las demandas.
José Manuel Guajardo, magistrado del TJA, manifestó que como operan con pocos recursos, su tribunal opta por continuar con el home office para evolucionar y brindar una mejor justicia.
Cynthia Marín, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dijo que hay grandes áreas de oportunidad, pero, al igual que los organismos antes mencionados, han sido castigados en el presupuesto.
“Es necesario fortalecer la figura del asesor jurídico, ya que en promedio un asesor representó a 260 víctimas.
“Los principales problemas son: violencia familiar y de género, menores en orfandad y personas desaparecidas”, expuso.
Caballero Gaona refirió que conforme se vayan desarrollando los temas, se irá trabajando de la mano las autoridades correspondientes, teniendo contacto todo el tiempo.