El Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional en la capital del país la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, que establece que ninguna persona se podrá registrar como candidata a cargos de elección popular cuando tenga sentencia por delitos contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En la sesión de este jueves el Congreso local aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de 3 de 3 contra la violencia de género, como requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, dictaminadas por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Asuntos Políticos-Electorales.
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El diputado del PAN Diego Garrido, quien presentó el dictamen aprobado, afirmó que esta reforma es una conquista ciudadana y del Congreso local, que atiende al mandato de la reforma Constitucional federal del 29 de mayo del presente año y armoniza los ordenamientos locales con aquellos que esclarecieron que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
Explicó que la reforma consiste en adicionar el numeral 11 al apartado C del artículo 10 de la Constitución local, respecto a los requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular.
El panista expuso que el dictamen aprobado específica que ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal, contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual; por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, dijo, se adiciona un párrafo a la fracción primera del numeral 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución local, para establecer los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
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La legisladora del PRD, Gabriela Quiroga, indicó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la ciudad y construir un entorno en el que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género; y es una conquista del movimiento feminista para erradicar todas las formas de violencia.
La priísta, Mónica Fernández aseveró que la Ciudad de México vuelve a ser vanguardia en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Señaló que los partidos políticos deben trabajar para eliminar estos delitos, el miedo a denunciar y las represalias.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres aseguró que se tiene que trabajar en la sensibilización de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para “hacer efectivo el acceso a la justicia a todas las víctimas de esta ciudad”.
La diputada morenista Nancy Marlene Núñez sostuvo que los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres se han logrado a través de una lucha intensa de muchos años, y agregó que no es un regalo sino el resultado de que las mujeres se han desarrollado en condiciones de desigualdad que siguen combatiendo.
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HCM