La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que una Ley de Amnistía en México "no es para dispensar a delincuentes, secuestradores, homicidas o a quien retiene a funcionarios: para eso existen las leyes".
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Explicó que una ley de ese tipo aplica para grupos armados, después de un conflicto armado.
Comentó que "todos los que están llevando un proceso judicial, deben concluirlo”, por lo que ninguna persona, “por más poderosa que sea” debe interferir, ya que hay casos en los que solo se espera la decisión de un juez.
“Se deben respetar a las autoridades, tanto del poder judicial, como la autonomía de las Fiscalías estatales y ahora, la General. No se puede por el simple hecho de ser una política, poner sobre la mesa a quién queremos libre y a quién no", dijo.
“Muchos de ellos están dentro del proceso y deben esperar si un juez determina que es inocente qué bueno que lo saquen a la calle, pero si un juez determina que es culpable, no veo porque alguien por más senadora que sea va a decir que la deben dejar libre", añadió.
Pidió diferenciar entre un luchador social y un delincuente, pues recordó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a una persona que iba a tomar protesta y estaba acusado de dos secuestros en Guerrero.
“Eso es un absurdo; considero que la justicia no debe pasar por la política", comentó.
Para el representante de la Organización de Derechos Humanos-Comité Cerezo México, Francisco Cerezo, diversas irregularidades en los procesos que se siguen a decenas de presos por motivos políticos se han quedado en eso: delitos prefabricados.
"Si la labor que estaban realizando era de defensa de los derechos humanos, realmente queda de lado, cualquier acusación, porque sabemos que muchas de ellas son fabricadas".
El que se les acuse de secuestradores o de la muerte de personas, solo es consecuencia de eso, irregularidades en sus procesos.
Sobre los nombres que se han hecho públicos y que presuntamente, podrían quedar en libertad "muchos de ellos, coinciden con listas que hemos trabajado por muchos años".
Cerezo, consideró que "efectivamente no somos nosotros los que vamos a decidir, quiénes son o no, sino es el conjunto de las organizaciones y trabajo de muchos los que vamos a poder determinar, quiénes son los presos por motivos políticos que pueden ser beneficiados con esta (eventual) iniciativa presidencial para poder lograr su libertad".
Puso el ejemplo del preso por motivos políticos, Marco Antonio Suastegui, acusado del asesinato de comuneros en Guerrero.
"Se ha demostrado que hay violación grave a sus derechos humanos y que los presos que han luchado por años, organizados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) son presos por motivos políticos; esos casos son parte de las injusticias en México y que por lo tanto, deben ser liberados".
FLC