Tras seis horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y la turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados desecharon una a una las propuestas de modificación presentadas en tribuna y finalmente avalaron sin cambio alguno el ordenamiento que establece los procedimientos de carácter civil para el aseguramiento, disposición, uso y enajenación de bienes derivados de actividades ilícitas.
No obstante, durante la discusión en lo particular, legisladores del PRI, PRD y hasta de Morena alertaron sobre excesos en la ley que permitirían incautar bienes a personas sin vinculación alguna con la delincuencia.
“Lo que estamos aprobando en este dictamen es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona, incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos (…); lo que planteamos con estas dos reservas son simples cambios de palabra que acotarían la acción del Estado y, créanme, unas cuantas palabras pueden hacer la diferencia entre un acto justo y una acción odiosa”, arengó la morenista Tatiana Clouthier al proponer una modificación que al final fue rechazada.
El priista Enrique Ochoa calificó a su vez el proyecto como una de las legislaciones peor hechas y que puede incluso allanar el paso a la instauración de un Estado policiaco.
“Esta legislación, de no corregirse, puede derivar en un estado policiaco, donde los ciudadanos honestos vivan bajo un estado de sospecha. Uno de los principales problemas de este paquete legislativo, es que se puede castigar en su patrimonio a la ciudadanía que incluso sea declarada inocente por la vía penal y por la vía civil”, acusó.
Por separado, la coordinadora perredista Verónica Juárez llamó a respetar el principio de presunción de inocencia.
“No defendemos los bienes de la delincuencia, porque esos deben de ser resguardados bajo el propio procedimiento penal por el que se encauzan a los delincuentes, sino que nos preocupa la gente común, la que renta un inmueble o compra un automóvil de buena fe, y que al final puede terminar perdiendo su patrimonio porque a la autoridad se le dan muchas facilidades a través de las disposiciones que hoy se están votando”, indicó.
Aprobada previamente en lo general con 420 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que los bienes sujetos a extinción de dominio a favor del Estado mexicano serán los asociados a delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, narcotráfico, trata de personas, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
AE