Entre advertencias de la oposición sobre la inconstitucionalidad del proyecto y la violación a acuerdos internacionales, las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron esta noche con 17 votos a favor y 10 en contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen turnado a la Mesa Directiva para ser discutido y votado en el pleno prevé la suspensión de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos cuando se prevea “peligro inminente” para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional.
Concede además a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía facultades para revocar los permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
De igual forma se considera causa de revocación el reiterado incumplimiento de las disposiciones aplicables a cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, es decir, la venta de litros incompletos en gasolinerías.
Senadoras de las fracciones de oposición alertaron, sin embargo, sobre violaciones a la Constitución y a los tratados comerciales suscritos por México, que en su momento darían lugar a múltiples amparos y sanciones internacionales.
La legisladora priista Claudia Ruiz Massieu sostuvo que la propuesta es inconstitucional, violenta el debido proceso, el derecho de audiencia, la libre competencia y los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de inversión, competencia y competitividad, lo que seguramente generará responsabilidades de carácter internacional.
“Esta propuesta es violatoria del principio de legalidad y en su vertiente de debida fundamentación y motivación, pues la Constitución exige que todo acto de la autoridad esté debidamente fundado y motivado, pero ni siquiera define qué deben entenderse por seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, ni qué autoridad ni con qué marco jurídico se debe declarar que existe tal riesgo”, puntualizó a su vez la senadora Xóchitl Gálvez.
No obstante, la senadora morenista Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, sostuvo que la reforma garantizará “piso parejo” a los comercializadores de combustibles y cuidará así el bolsillo de los mexicanos con hidrocarburos de calidad.
“La iniciativa no propone extinguir la propiedad de ninguna compañía privada, ni eliminar la participación de los privados en el mercado nacional, ni transferir al Estado la rentabilidad o utilidad de las empresas privadas en el sector”, remarcó.
El proyecto incluye una adición para salvaguardar el debido proceso en la suspensión de permisos cuando se prevea “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
“La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario, indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso. El permisionario contará con un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes”, establece la adición.
JLMR