Legisladores, rectores, catedráticos, especialistas e investigadores analizaron la iniciativa que expide la Ley de Educación Superior y debatieron temas referentes al financiamiento, transparencia, autonomía universitaria, estabilidad laboral, entre otros.
Durante el foro “Construyendo la nueva legislación para la Educación Superior”, Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), resaltó que falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento y en qué periodo, puesto que las instituciones de educación superior requieren saber esta información con certeza.
Recomendó depurar la redacción de la iniciativa para ser más precisa, así como revisar la extensión de algunos artículos, a fin de evitar que algunos temas se reiteren, como el de becas y servicio social, dado ya están regulados en otras normatividades y podría limitarse su ejecución.
Hugo Casanova, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, argumentó que la iniciativa constituye una importante propuesta de las distintas fuerzas políticas para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior de México.
Financiamiento debe ser prioridad del Estado: UAM
Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el financiamiento debe ser considerado como una de las prioridades del Estado, para asegurar que se cumpla cabalmente el derecho de las personas para contar con educación superior, “y ello bajo un ejercicio transparente y responsable”.
En su intervención, el investigador y ex secretario de Educación del entonces Gobierno del Distrito Federal, Axel Didriksson Takayanagui, señaló que el modelo híbrido para la educación superior debe ser contemplado dentro de la legislación sin afectar la autonomía de las instituciones.
Piden aclarar la gratuidad
Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exhortó a los legisladores a aclarar que la gratuidad se establecerá de manera gradual y entrará en vigor hasta 2022, para que la comunidad universitaria conozca cuál será el proceso de su implementación.
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció la necesidad de contar con estructura para la educación a distancia, capacitación e inventario suficiente para atender a la demanda de tecnológica para su impartición, así como ajustar el presupuesto plurianual y plantear bolsas extraordinarias reglamentadas para poder obtener un monto adicional para sus ejercicios educativos.
Aidée Orozco Hernández, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró que el trabajo articulado con las instituciones de educación superior representa un factor fundamental para contribuir a la solución de los grandes retos nacionales.
Diálogos buscan perfeccionar legislación: Rocha Moya
Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado, aseguró que estos diálogos buscan recoger los puntos de vista de todos los interesados para incluirlas y perfeccionar la legislación.
Dijo que no debe haber ningún interés de partido o ideológico en la creación de este ordenamiento.
“El único fin que nos debe interesar es que se garantice el ejercicio pleno del derecho a la educación superior de las y los mexicanos”, manifestó.
El legislador precisó que existen universidades con severas dificultades económicas para seguir adelante, por ello, la legislación busca resolver el problema presupuestal, el cual “viene por incomprensión de gobiernos anteriores, mala planeación o decisiones internas inadecuadas”.
Es fundamental trazar una estrategia que permita resolver el tema del financiamiento de fondo y sirva de base para el futuro, de lo que se trata, argumentó, es garantizar este derecho humano a toda la población.
Tema no debe administrarse de forma política sino técnica y académica
Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, dijo que este tema no se debe administrar de manera política, sino técnica, académica y comprometida con la educación, para ello es saludable el diseño de presupuestos multianuales que les permita a las casas de estudio hacer un programa multianual educativo.
Desde el Congreso se debe aportar una visión plural que garantice a los poderes públicos tomen las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. “Sin duda, la tarea educativa es la más trascendente de todas a las que se pueda dedicar una persona”, acotó.
Resaltó la capacidad de los legisladores para encontrar puntos de convergencia y trabajar con una visión de Estado. Es fundamental formar, habilitar y apoyar el desenvolvimiento pleno de la personalidad del ser humano, sus capacidades creativas y productivas, destacó.
Subcontratación de profesores debe ser atendido
Daniel Gutiérrez Castorena, senador de Morena, destacó que en las universidades existe un problema de subcontratación de profesores, el cual no debe ser desatendido y considerarse para la estabilidad de las instituciones de educación superior.
“La base de la enseñanza se encuentra en los maestros y deben tener las condiciones adecuadas para su desempeño”.
Su compañera de bancada, Antares Vázquez Alatorre manifestó que escuchar a los actores del subsistema de educación tecnológica ayudará a resolver sus problemas crónicos, pero, sobre todo, a continuar con su labor de atender la educación de la población.
Ley es técnicamente sólida: Minerva Hernández
La senadora panista Minerva Hernández Ramos indicó que esta ley es “técnicamente sólida”, y representa un producto de mesas de trabajo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como las universidades y sociedad civil.
La universalidad, gratuidad, obligatoriedad, sólo se van a cristalizar en la medida que tengan un acompañamiento y sostenibilidad presupuestal que hasta el momento no se visibiliza en el presupuesto para 2021, apuntó.
En tanto, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, destacó el consenso que se tiene para la elaboración de esta reforma, pero pidió cuidar la distribución y homologación de competencias, así como revisar la propuesta de evaluación, crear un Fondo Federal Espacial e incorporar los sistemas de participación social.
SNTE propone incrementar plazas académicas de tiempo completo en universidades
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) propuso que la nueva Ley General para Educación Superior garantice la asignación de recursos para nuevas plazas académicas de tiempo completo y que, por lo menos, el 75 por ciento de la plantilla académica de las Instituciones de Educación Superior (IES) sea de esta modalidad.
Al participar en la primera sesión del parlamento abierto “Construyendo la nueva legislación para la Educación Superior”, convocado por las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el sindicato expuso que en la actualidad el 52 por ciento de los docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) laboran por horas de asignatura, por lo que se ven en la necesidad de buscar un segundo empleo.
Agregó que la opción para acceder actualmente a una plaza de tiempo completo es esperar una baja definitiva; es decir, que un docente fallezca, renuncie, se jubile o tenga una discapacidad total y permanente.
Los representantes del SNTE consideraron prioritaria la creación de programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización y superación docente; así como la firma de convenios en esas materias con instituciones nacionales e internacionales.
Además, defendieron ante los legisladores la necesidad de garantizar el financiamiento plurianual en infraestructura, equipamiento, mantenimiento y conectividad, así como que las IES cuenten con los recursos suficientes, espacios físicos idóneos, acceso a plataformas tecnológicas educativas, bibliotecas digitales actualizadas, medios electrónicos y didácticos para la formación en las distintas modalidades que comprende la educación superior.
Adriana de Jesús Villa Huizar, ponente del SNTE, consideró urgente que exista una vinculación estratégica con el sector público, productivo y empresarial, para fortalecer la infraestructura material, tecnológica y personal de las instituciones de Educación Superior.
Agregó que la ley debe permitir, con reglas muy estrictas, que las IES puedan celebrar convenios para obtener recursos adicionales con entes públicos y particulares que, sumados al presupuesto asignado por la federación, sirvan para el financiamiento de sus actividades con el objetivo de impartir educación de excelencia.
El sindicato se pronunció para que el Estado destine presupuesto creciente para educación Superior hasta alcanzar la meta del 8 por ciento del PIB, por lo menos, y el 1 por ciento para ciencia, tecnología e innovación, a fin de fortalecer al Sistema Nacional de Educación Superior.
jlmr