Con 400 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Educación Superior, con el fin de garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de manera gradual y conforme a la suficiencia presupuestal en ese nivel educativo, así como el respeto a la autonomía de las universidades públicas.
La bancada del Partido del Trabajo (PT) y una decena de legisladores de Morena votaron contra el dictamen, con el argumento de que la legislación es de corte neoliberal y privatiza la educación superior en México.
El nuevo ordenamiento abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior vigente desde 1978 y da cumplimiento al mandato de la reforma constitucional en materia educativa para expedir dicha legislación.
Se prevé la creación el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior de manera gradual.
Precisa además que los recursos públicos destinados a las instituciones públicas de educación superior deberán ser administrados con eficiencia, responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
El proyecto avalado previamente por el Senado de la República reconoce la autonomía otorgada a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
Conforma asimismo el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, definido como el conjunto orgánico y articulado de autoridades, de instituciones y organizaciones educativas y de instancias para la evaluación y acreditación, así como de mecanismos, instrumentos de evaluación del tipo de educación superior.
Establece sanciones por condicionar la prestación del servicio público de educación a la contratación de servicios ajenos a la prestación del mismo y por ofrecer o impartir estudios sin contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, subrayó que actualmente solo 30 por ciento de la población tiene acceso a la educación superior, pues la mayoría de los jóvenes son rechazados de las universidades y se ven obligados a terminar con sus aspiraciones profesionales por falta de oportunidades.
Sostuvo por ello que la ley representa un paso trascendente hacia la fortaleza de la educación superior, al incorporar un enfoque de cobertura universal, además del cumplimiento gradual de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior.
JLMR