El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Movilidad que tendrá como propósito fundamental reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales y establece la obligatoriedad del alcoholímetro en todo el país.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, explicó que se busca reducir al máximo posible los siniestros viales que actualmente cobran 44 vidas diarias en México.
“De acuerdo con la Secretaría de Salud de cada 10 siniestros casi 5 ocurren por consumo de alcohol, 3 por exceso d velocidad y 2 por distractores como los teléfonos celulares. Por eso, es que hemos incorporado medidas mínimas de tránsito como los límites de alcohol, el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención o los límites de velocidad determinados por categorías de las vías”, destacó.
Desde tribuna, explicó que se incorporaron normas para las licencias de conducir, así como sanciones para su retiro temporal, “los vehículos seguros se definen como todos los que tienen características, aditamentos, o dispositivos que tienen por objeto prevenir colisiones y proteger a las personas usuarias de la vía. Esto aplica para todos los vehículos, incluyendo el doble remolque”.
El tema del seguro no se contempla en esta ley, porque ya existen 15 entidades que cuentan con seguro de daños a tercero.
- Te recomendamos PAN en el Senado alerta sobre aumento de la desigualdad en México Política
El morenista César Cravioto precisó que se establecen velocidades máximas para evitar muertes y para ello, en calles secundarias y terciarias no puede pasar de 30 kilómetros por hora y en avenidas primarias no pueden pasar de 50 kilómetros por hora y en carriles centrales no debe ser superior a 80 kilómetros por hora.
“Se habla de otro tema fundamental, todas las ciudades de este país tienen que tener el programa de alcoholímetro, tenemos que prevenir muertes y la mejor manera de prevenir muertes entre otras, es que no haya conductores que estén manejando con el influjo del alcohol. Se ha demostrado en la ciudad de México que el alcoholímetro salva vidas y queremos que en todo el país el alcoholímetro sea obligatorio”, subrayó.
Al presentar un voto particular, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, dijo que con esta ley se tiene que redefinir y avanzar en el tema de los ciclistas. Y pidió que se pueda avanzar en el tema del doble remolque porque genera enormes riesgos.
“Es el caso de muchos y muchas y por argucia legal y argumentos aberrantes como que la responsabilidad de los ciclistas, porque las calles y las avenidas son para los vehículos automotores en especial los automovilistas y casi se les responsabiliza por su muerte. Hoy después de largo camino lo que tenemos claro es que la movilidad es un derecho”, agregó.
La panista Xóchitl Gálvez aseveró que los automóviles deben dejar de ser armas sin control, “en promedio en México desde el año 2015, se registran 378 504 siniestros de tránsito por año, los cuales ocasionan alrededor de 16 mil muertes, es decir, 44 defunciones diarias. Cuatro de cada 10 personas fallecidas en el país por siniestros viales son peatones, pero si se suman las muertes de todos los usuarios vulnerables como peatones, ciclistas, motociclistas son siete de cada 10. Los automóviles deben dejar de ser armas circulando sin control”.
Otro propósito de la legislación es priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías. Las entidades federativas, municipios y alcaldías tendrán concurrencia en materia de movilidad y seguridad vial.
La ley prioriza modos de transporte de personas y bienes con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
Se establece una jerarquía de la movilidad: personas peatonas, personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados, personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías y personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
En la planeación y diseño de la movilidad y la seguridad vial, así como en los diferentes componentes de los sistemas de movilidad y en la toma de decisiones, las autoridades competentes deberán fomentar y garantizar la participación de las mujeres.