El juez federal Artemio Zúñiga determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht.
Luego de que un Tribunal Unitario ordenara reponer parcialmente la audiencia de noviembre del año pasado cuando Zúñiga resolvió internarlo en el Reclusorio Norte, este miércoles el juez reiteró los criterios expuestos entonces, entre los que destaca el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto.
También argumentó la cantidad de recursos económicos que tiene para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, 2 millones de euros que le encontraron en una cuenta bancaria en el principado de Liechtenstein.
Finalmente, la elevada pena que alcanzarían los tres delitos que se le imputan: asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, que suman 35 años de prisión.
En esta audiencia solo estuvieron presentes de manera presencial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, comparecieron por videoconferencia.
Durante la audiencia de este miércoles, el ex director de Pemex volvió a mostrar su fastidio cuando mencionaron su “fuga” como argumento para mantenerlo preso.
En particular, el juez Zúñiga remitió a un informe de Migración en el que revela que Lozoya dejó México el 1 de mayo de 2019 y más de un año y medio después fue detenido en España.
Mientras leía esto el juez, el ex director de Pemex movió la cabeza como muestra de desaprobación y se dirigió a su abogado Alejandro Rojas para decirle algo.
Cuando terminó de leer su resolución, que le confirmó la prisión preventiva, Lozoya, visiblemente enojado, rompió las hojas.
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Denuncia de 2017
Para acusar formalmente a Lozoya por el caso Odebrecht, la FGR utilizó la denuncia presentada en 2017 por presuntos actos de corrupción cometidos en Pemex.
En ese momento, José Antonio González Anaya era el director de Pemex y Carlos Treviño, director Corporativo de Administración y Servicios; posteriormente, ambos fueron denunciados por Lozoya.
Incluso, el primer medio de prueba ofrecido por la FGR contra Emilio Lozoya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, es la testimonial de Araceli Cortés Hernández, entonces apoderada legal de Pemex y quien interpusiera esa denuncia.
“Dicho ateste depondrá acerca de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que sucedieron los hechos por los que se acusa, en particular respecto al contenido del escrito de 25 de enero de 2017 que contiene denuncia con el que se da inicio a la investigación relacionada con los presentes hechos y anexos que acompañó a la misma”, detalla el oficio UIL-B-CG1-002/2022, del que MILENIO tiene copia.
En un escrito dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero, Treviño Medina enfatizó que participó “en las decisiones que llevaron a Pemex a presentar dicha denuncia” que hoy tiene vinculado a proceso a Lozoya.
“Lozoya se encuentra vinculado a proceso derivado de una denuncia de cuya presentación yo fui parte y por eso realizó señalamientos en mi contra en la denuncia que presentó para acceder a un criterio de oportunidad”, expuso.
En el documento se hace referencia a la sesión 916 del Consejo Administración de Pemex, en la que tanto Treviño como González Anaya formaban parte, acuerdan continuar las indagatorias de presuntos actos de corrupción.
El informe Acciones realizadas por la Dirección Jurídica Pemex respecto al caso Odebrecht, al que MILENIO tuvo acceso, revela que entre abril y agosto de 2017, se recabaron 17 entrevistas y ocho ampliaciones a diversos servidores públicos y ex funcionarios que participaron en la firma de los contratos con Odebrecht.