Para juzgar al principal responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968: el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, no se requieren consultas, ni preguntas, solo aplicarle la ley.
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A 52 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, la herida no cierra y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de juzgar a sus antecesores, los integrantes del Comité del 68 piden juzgar al priistas.
A Ignacia Rodríguez “La Nacha” no le gusta que la califiquen como “dirigente” del 68, sólo reivindica para sí el adjetivo de “brigadista” que eran los que iban y venían por toda la Ciudad de México en escuelas, plazas públicas y transporte repartiendo volantes e informando del movimiento.
En referencia a la propuesta presidencial de juzgar a los ex presidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, opina que la justicia está pendiente para Echeverría.
“No necesitamos consultar nada, simplemente se les debe juzgar. Todo mundo sabe que son culpables pero aun así estamos inconformes porque no se incluyó en esa lista a Luís Echeverría Álvarez, aunque sea un zombie”.
Según archivos oficiales, el ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, que era su Secretario de Gobernación en 1968, son los responsables directos de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.
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Como presidente Echeverría, de 1970 a 1976, fue responsable "de los muertos en el movimiento estudiantil de 1971 y la denominada guerra sucia con la desaparición y asesinato de guerrilleros.
Por esos hechos fue acusado en 2002 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del delito de "genocidio", ilícito considerado como de lesa humanidad.
Así quedó asentado en las averiguaciones PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002 que en su momento inició la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
La Nacha, insiste en que debe quedar claro el delito de genocida contra Echeverría Álvarez “y que sea conocido como tal en el mundo entero, como es el caso de Augusto Pinochet. Pero este gobierno, dizque de izquierda de Andrés Manuel López Obrador parece que la virgen le habla”.
Pide “que no se haga, que no se salga por la tangente que tome el toro por los cuernos pues Echeverría Álvarez merece un castigo, aunque no lo pague materialmente”. Solo eso hace que el mundo lo conozca como “genocida”.
Los agravios en contra de la sociedad mexicana son muchos y al día de hoy no ha habido justicia: Tlatelolco, 10 de junio, la “guerra sucia”, desaparecidos, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Tlatlaya, la guerra contra el EZLN, Ayotzinapa.
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El recuento lo hacen los mismos ex dirigentes del 68, entrevistados. Para el integrante y abogado del Comité 68, Víctor Guerra, “no hay ninguna razón para que se haga alguna Consulta, cuando la propia Constitución establece que es el ministerio público el que debe recabar, investigar y consignar a culpables.
En esos hechos “ha habido una participación intensa de órganos del gobierno y Ejército. El hecho de que no esté Echeverría Álvarez en esta lista del presidente López Obrador se debe a la omisión del gobierno de procurar e impartir y buscar justicia para todos”, acusa.
Recuerda que hace dos años le pidieron al presidente López Obrador que reabriera la Fiscalía Especial, “pero no ha habido ninguna respuesta para investigar estos crímenes”.
Sobre lo sucedido en Tlatelolco ese 2 de octubre de hace 52 años, existe en este momento abierto el expediente SEIDF/CGI/262/2007 por el delito de genocidio contra Echeverría Álvarez.
El ex presidente estuvo en prisión domiciliaría 2.9 meses: 847 días del 29 de noviembre de 2006 al 26 de marzo de 2009; además de que quedan 52 averiguaciones pendientes.
Echeverría Álvarez “está en calidad de indiciado se le otorgó libertad con reservas de ley y el ministerio público tiene la obligación de profundizar la investigación para establecer la probable responsabilidad del ex presidente”.
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Sujeto a un proceso judicial, todo está detenido. “Lo interrumpieron varios de los ex presidentes para darle protección y no solo a él, sino a muchos otros corresponsables”, acusa a su vez otro de los ex dirigentes de aquella época, Félix Hernández Gamundi.
Pide la reanudación de ese proceso. Precisa que no ha sido “exonerado”, sino que el proceso se interrumpió “indebidamente”.
Debido a ello en 2018, el Comité del 68 presentó una demanda de amparo por la “inacción” de la entonces PGR. Gracias a ello "se reactivó el expediente. Habían dicho que este, estaba perdido en el tránsito de la Fiscalía Especial a la PGR, pero de pronto reapareció ese expediente”.
Sin embargo la investigación, sigue detenida “no hay prescripción alguna de los delitos en el caso del 68 que para una cantidad enorme de expedientes judiciales en manos de la FGR del orden de 52, referidos a la guerra sucia y en la mayoría de ellos, está implicado Echeverría y otros ex funcionarios”.
Afirma que el actual presidente y la FGR, tienen las facultades “para actuar en este momento es una responsabilidad del Estado: no es necesaria la Consulta para aplicar la ley. Hay que cerrar heridas abiertas, no podemos construir una paz duradera sin cerrar cuentas con el pasado”.
Víctima de la “guerra sucia”, cuando Echeverría Álvarez era presidente, el ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, David Cilia Olmos, insiste en que éste debe ser castigado “no delimitarse de Salinas para acá”, como lo propone la Consulta impulsada desde el Ejecutivo.
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“Hay delitos de lesa humanidad que no prescriben, mientras haya desaparecidos. No hay borrón, ni cuenta nueva, no podemos perdonar a quien no ha pedido perdón”.
Acusa “los criminales de la guerra sucia siguen ligados, tanto en puestos gubernamentales o carteles de droga”.
Afirma que en diversas manos, existe una lista “más completa” que lo que hasta ahora se conoce, dónde “vienen nombres de personas que cometieron crímenes y un porcentaje alto están vivos. Es gente que en los setentas, ochentas y noventas, andaban desapareciendo a personas. Hemos presentado denuncias en contra de ellos”.
Pero nada. No hay justicia.
“Los victimarios de la guerra sucia están libres y aún existen archivos de la guerra sucia que siguen sin abrir. El Estado no le ha dado el peso que tiene a la investigación de estos archivos históricos”.
Según su opinión son varios los pendientes “que quedan y que no se resuelven con una Consulta” y pone un ejemplo de la falta de interés en los gobiernos subsecuentes, incluido el actual.
“La Comisión Nacional de Búsqueda se divide en dos y una vertiente es de los desaparecidos durante la guerra sucia. Esta cuenta con unos tres o cuatro funcionarios que no tienen recursos para hacer esta investigación histórica”.
Para el cofundador en aquellos años del movimiento estudiantil de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), Joel Ortega Juárez, la Consulta que promueve el gobierno federal “es una farsa no hay ninguna razón para consultar nada los ex presidentes pueden ser juzgados de cualquier delito siempre y cuando no hayan caducado”.
Más que consulta, pide que el Ejecutivo Federal elabore un Decreto que establezca que no solo el 2 de octubre, “sino desde los años cuarenta hasta la actualidad, el estado mexicano ha aplicado una política de represión en contra de los movimientos sociales y políticos”.