El ministro Javier Laynez Potisek propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la segunda parte del llamado 'Plan B' de la reforma electoral, porque el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, adicionales a las que se analizaron en el caso del primer decreto.
La Corte hizo público el proyecto de sentencia del ministro y elaboró un resumen del mismo.
Laynez Potisek estima que estas violaciones son suficientes para anular la totalidad del decreto impugnado, “lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”.
En mayo pasado, la Corte invalidó la primera parte del 'Plan B', consistente en el Decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Ahora, el Pleno abordará el decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.
El proyecto de Laynez Potisek considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
Indica que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas, lo que provocó que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas, ya que no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento.
Además indicó que tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión y que se aprobaron en tan solo cuatro horas.
En el caso que ahora se discutirá, se destacan violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior.
Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
Por otro lado, también se menciona que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.
El ministro Javier Laynez concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
VRM