Este año, el municipio de Macuspana, Tabasco, se quedó sin ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a pesar de que en octubre de 2019 recibió una denuncia en contra de servidores y ex servidores públicos municipales por el supuesto desvío de 156 millones 227 mil 410 pesos.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la ASF, cuya versión pública posee MILENIO y se puede consultar en este link, en la Ley de Ingresos para el ejercicio presupuestario 2019, aprobada por el Congreso del Estado de Tabasco, se había previsto un ingreso extraordinario para el municipio de Macuspana por un monto de 176 millones 227 mil 410 pesos para el pago de obligaciones jurídicas ineludibles, es decir, sentencias de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos 2019 del municipio, el cabildo únicamente etiquetó 20 millones de pesos para ese fin, por lo cual se denunció el desvío de los 156 millones 227 mil 410 pesos restantes que el Congreso estatal había autorizado.
La versión pública de dicha denuncia, obtenida a través de una solicitud de transparencia, no permite ver qué servidores y ex servidores públicos fueron señalados, pero se les acusó de incurrir en peculado, ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad, así como ejercicio abusivo de funciones.
Por tratarse de una versión pública, no se revela el nombre del denunciante, pero al leer el escrito de denuncia se deduce que el inconforme es alguien a quien se le adeuda el pago de un laudo o sentencia.
“La retención en el presente año deja bien claro que configura el delito previsto en el numeral antes transcrito (...) les obligaba a programar mi pago, pues ya estaba autorizado (…)”, dice el texto.
Macuspana reasignó más de 156 mdp
Macuspana, Tabasco, municipio de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió reasignar más de 156 millones de pesos que el Congreso estatal le aprobó para el pago de sentencias y laudos laborales, de acuerdo a lo expuesto en una denuncia de la que MILENIO tiene copia.
El argumento del denunciante es que el asunto es de competencia federal y por eso recurrió a la ASF para denunciar las presuntas irregularidades. Sin embargo, en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso estatal, en la que se estableció que el destino de los 176 millones 227 mil 410 pesos era el pago de obligaciones jurídicas, no se especificó que esos recursos provinieran de la Federación en la categoría de ingresos de libre disposición o del Ramo 28, que son los recursos de gasto no programable que se entregan a los estados y municipios.
No obstante, el denunciante argumentó que al no haber etiquetado los 176.2 millones como recurso disponible para el pago de sentencias, sino solo 20 millones, el ayuntamiento incurrió en faltas como peculado, fraude por simulación y administración fraudulenta, abuso de autoridad y retención indebida.
MILENIO solicitó a la ASF, vía transparencia, conocer el estado procesal de dicha denuncia y respondió que ésta fue desechada porque no cumplió con los requisitos para realizar una investigación al respecto.
“Conforme a lo previsto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se informa que del análisis técnico y jurídico que al efecto realizaron las áreas competentes de la Auditoría Superior de la Federación, relativo a los requisitos que deben contener las denuncias y los supuestos a que deben referirse, se concluyó que, al no cumplir la denuncia de mérito, con los extremos establecidos en dichos artículos, no resulta procedente fiscalizar los rubros denunciados en el marco del Título Cuarto de la LFRCF”, explicó la ASF.
Esos artículos dicen, básicamente, que cualquier persona podrá presentar denuncias cuando se presuma el desvío, manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales; que deberán estar fundadas con documentos y evidencias y referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros; y la comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, así como inconsistencias en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
Dicha denuncia fue recibida por la ASF en octubre de 2019, casi un año antes de la denuncia que presentó la senadora panista Xóchitl Gálvez en septiembre de 2020, también contra funcionarios del mismo municipio por un presunto desfalco de 223 millones de pesos.
Al presentarse en 2020, la denuncia de la senadora, en caso de derivar en la realización de una auditoría, no se incluiría en el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2019 de la ASF, cuyos primeros resultados se darán a conocer este viernes 30 de octubre.
En ese programa, hasta ahora no se incluye ni una sola auditoría al municipio de Macuspana.
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