A partir de una iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el Congreso mexiquense analiza la posibilidad de reformar la ley para que las madres o personas buscadoras accedan a recursos del Fondo Estatal de Desaparición para la adquisición de arrendamiento, disposición de equipos, herramientas, insumos y demás bienes necesarios para el desarrollo de acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
¿Qué sabemos de la propuesta?
Para esto plantearon reformar varios apartados de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, para reconocer y fortalecer la participación y protección de las personas buscadoras de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
Sobre el Fondo, señala que la Comisión de Búsqueda establecerá los mecanismos, requisitos y procedimientos para la recepción, evaluación y atención de las solicitudes; mientras, la Fiscalía Especializada establecerá los mecanismos de vinculación y participación de las personas buscadoras en calidad de observadoras ciudadanas en las diligencias y actuaciones relacionadas con la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas o no localizadas.
También proponen que las personas buscadoras podrán participar en dicho mecanismo de manera individual o colectiva, cuando cuenten con experiencia o conocimientos que puedan contribuir a desarrollar las diligencias. La participación tendrá por objeto facilitar la aportación de conocimientos, experiencias, observaciones y propuestas que contribuyan a las acciones de búsqueda de investigación.
Además, define lo que es una persona buscadora, considera mecanismos de coordinación y colaboración con las personas buscadoras de manera individual o a través de colectivos para incorporar sus experiencias, conocimientos y propuestas en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de búsqueda.
La Comisión debe elaborar y actualizar el Catálogo Estatal de personas buscadoras que permita conocer su integración, ubicación y medios de contacto; plantean que las personas buscadoras estén consideradas en el Consejo Estatal Ciudadano.
Los argumentos
El GPPVEM dio a conocer que existen numerosos colectivos de personas buscadoras y que, de acuerdo con Amnistía Internacional en México, desde 2019 más de 25 mil madres han iniciado la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos.
De acuerdo con el Informe Red Lupa 2026. Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, al 16 de mayo de este año se contabilizaban 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas y en el mes siguiente se sumaron 791 registros adicionales.
En 2019 se estimaba la existencia de entre 60 y 70 colectivos en el país. Actualmente, la IA documenta más de 234 agrupaciones y, entre febrero de 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares y personas allegadas a personas desaparecidas fueron asesinadas, sin contar los casos de amenazas, extorsiones, ataques y desplazamiento forzado.
Edomex, primer lugar nacional en personas desaparecidas
Esta crisis, señaló la fracción parlamentaria, tiene una expresión particularmente grave en el Estado de México, pues de acuerdo con el informe Red Lupa, la entidad ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, con 14 mil 648 registros; le sigue Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782 y Nuevo León, con 7 mil 476.
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