Morena podría perder el último recurso para frenar la redistritación del Instituto Nacional Electoral (INE) que restará dos distritos federales a la Ciudad de México, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pretende concluir que el partido está mezclando argumentos porque omitió impugnar el acuerdo inicial aprobado desde septiembre, cuya prórroga legal ya venció.
El proyecto que la magistrada Janine Otálora presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y al que MILENIO tuvo acceso, indica que simplemente, a Morena se le pasó el tiempo legal para impugnar el acuerdo inicial de la metodología de distritación y ahora hay una confusión en los recursos que presentó, por lo que propone declarar inoperantes sus alegatos.
El documento señala que Morena interpuso una impugnación contra el acuerdo del 30 de septiembre cuando en realidad, sus alegatos se basan en un acuerdo aprobado el 28 de agosto que el partido no impugnó en el tiempo legal y ya no puede hacerlo.
También alegan que el INE viola lo que llaman como “derecho de reelección” de las diputaciones federales, “sin embargo, resulta claro que dicha situación no fue producto de la emisión del acuerdo de septiembre sino que fue determinada desde el acuerdo de agosto, que no fue impugnado por el hoy recurrente.
“Es menester reiterar que la redistritación que lleva a cabo el INE no es un acto único e instantáneo que se consuma con la realización o emisión de un solo acuerdo, sino que se trata de un procedimiento complejo y técnico que se organiza a partir de diversas etapas”, señala.
Además de Morena, el PAN pidió revocar lisa y llanamente el acuerdo porque considera que se afectan a las comunidades afromexicanas, sin embargo, Otálora determinó que el Consejo General del INE se basó en la información del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Morena acusó ante el Consejo General del INE arbitrariedad y albazo, afirmando que pretendían quitar dos distritos federales a la Ciudad de México para afectar a este partido, sin embargo, la redistritación que se determinará hasta el 2022, se basa en el censo del Inegi.
JLME