El magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), José Mercedes Hernández Díaz, quien frenó la publicación de la reforma que quita la UIFE y la convierte en Fiscalía, declaró que el juicio político que inició la Comisión Jurisdiccional del Congreso local es improcedente.
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Durante la sesión extraordinaria de la Comisión, Lilia Olivares, presidente de la misma, dijo que Hernández Díaz envió un escrito de 839 páginas, justificando que no tendrá efectos el tema.
“La denuncia presentada por el ciudadano Heriberto Guadalupe Tamez Ramírez, en relación con las conductas y hechos que describe en su escrito de denuncia, es notoriamente improcedente, pues se transgreden los artículos 155, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado.
“Asimismo, se transgrede la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual ha sostenido de manera reiterada que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, debe garantizarse sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder”, se lee en el documento.
La Comisión acordó hace una semana que procede el juicio, por lo que citaban a comparecer al magistrado a las 18:00 horas, porque admitió a trámite una demanda “notoriamente improcedente”, por ser en contra de un acto legislativo del Congreso del Estado, y, no obstante a ello, ordenó la suspensión de los actos impugnados, entre otros, de que no se ordenen ni se publiquen en el Periódico Oficial del Estado las disposiciones administrativas.
La vicecoordinadora de MC, Sandra Pámanes, solicitó que se desechara el asunto, pero no se aceptó la propuesta por mayoría, mientras que su compañera de partido, Iraís Reyes, dijo que no había pruebas contra el magistrado.
“Que se cuiden los magistrados del Congreso y los ministros”, advirtió Reyes.
En medio del pleito que mantiene el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el Congreso local, con 29 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, los diputados aprobaron en primera vuelta quitar en enero la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al Estado y adherirla a la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
En el quinto periodo extraordinario de sesiones, propuesto por Acción Nacional, los diputados discutieron la adhesión de la UIFE a la FGJ en un contexto de pleito entre Movimiento Ciudadano y el PAN, dadas las investigaciones que el órgano inició contra Zeferino Salgado, Víctor Pérez, Héctor Castillo, Pedro Salvada y Carlos de la Fuente.