El magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, quién estaba adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, falleció víctima de cáncer.
El magistrado permanecía suspendido desde octubre pasado porque presuntamente se le detectaron ingresos superiores.
Camero era el presidente del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En 2018 sostuvo un conflicto con la entonces magistrada Yasmín Esquivel Mossa debido a la expulsión de su hijo del Colegio Westhill, del cual es propietario el empresario José María Rioboó, esposo de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una conferencia de prensa el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, declaró que el magistrado venía siendo una pieza muy relevante, “para una red de conductas indebidas” que no serían toleradas en el Poder Judicial de la Federación.
Zaldívar aseveró que el Circuito al que pertenecía el magistrado había sido prácticamente “intocable”.
SANTA LUCÍA
En julio del año pasado, el Décimo Tribunal concedió una suspensión a un usuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual canceló temporalmente las obras en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México y permitió mantener los avances de construcción en el Aeropuerto de Texcoco.
La resolución fue emitida antes del 2 de julio, fecha cuando el Consejo de la Judicatura Federal ordenó no emitir más resoluciones para concentrar en un juzgado 36 juicios, para evitar el dictado de sentencias contradictorias.
El mismo tribunal abrió la puerta para que los cuentahabientes que sean víctima de violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones crediticias del país puedan recurrir al juicio de amparo, porque consideró que las actividades que realizan los bancos frente a particulares representan actos de autoridad.
En marzo de 2018, el Tribunal avaló un proyecto de sentencia el magistrado Camero, que obligó al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, atender el problema de la sobrepoblación en los penales de la capital, e instruyó aumentar y readecuar las instalaciones, o en su caso construir nuevos centros penitenciarios.
En septiembre de 2018, el Tribunal revocó la suspensión definitiva que un juez del estado de Sonora concedió a un particular para que no entrará en operación la Ley de Seguridad Interior con la cual se buscaba dar certeza jurídica a las fuerzas armadas en el combate contra el crimen.