Magistrados del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte de la Ciudad de México aprobaron una nueva jurisprudencia contra la prisión preventiva oficiosa que beneficiaría a procesados por delitos como secuestro, homicidio, feminicidio, delincuencia organizada, violación, trata de personas y huachicol.
Esto lo denunció el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien explicó que este criterio se establece como obligatorio para los jueces de amparo en 18 entidades del país.
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“Otorgar suspensiones provisionales contra la prisión preventiva oficiosa, a manera de una concesión de tutela anticipada. Y con ello, los obliga a aplicar otras medidas cautelares distintas entre ellas, incluso, la libertad”, dijo.
Bucio señaló como responsables a los magistrados Héctor Lara González y Samuel Meraz Lares y Emma Meza Fonseca.
Esta medida fue publicada el pasado 22 de septiembre en el Semanario Judicial de la Federación.
“¿A quién va a beneficiar principalmente este nuevo criterio jurisprudencial? A personas que estén procesadas por secuestro, por homicidio, por feminicidio, por delincuencia organizada, por desaparición, ya sea forzada o de particulares; por violación, por delito de trata, huachicol y armas, entre otros”, acusó.
Esta determinación se da a consecuencia de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los casos Tzompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, en las que fue declarada inconvencional la Prisión Preventiva Oficiosa.
Los estados donde se considera obligatoria son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes.