La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral tiene regazadas 326 quejas por diversas anomalías en la revocación de mandato, algunas que se presentaron desde hace 10 meses, que impiden que el proceso pueda cerrarse en definitiva y que podrían desencadenar en posibles delitos electorales como uso indebido de recursos públicos, violaciones de servidores públicos, difusión de propaganda gubernamental prohibida y coacción al voto condicionando programas sociales.
MILENIO obtuvo una copia del oficio enviado el pasado 21 de abril, por parte del secretario general de Acuerdos de la Sala Regional Especializada, Gustavo César Pale Beristain al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón en el que reconoce que tienen pendientes de concluirse un total de 326 quejas: 177 del órgano central, 93 del órgano local y 56 del órgano distrital del Instituto Nacional Electoral.
Aunque el pasado miércoles la Sala Superior declaró la invalidez de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso continúa en tribunales pues existe un retraso por parte de las magistraturas encargadas de resolver irregularidades que podrían constituir posibles delitos electorales.
Este medio confirmó que la Sala Superior hizo el requerimiento a la Sala Especializada para que desglosaran el número de juicios que siguen pendientes de resolver y llamándolos a darle celeridad.
En el oficio en poder de este medio, reconocen que, de las quejas pendientes, 116 están en la cuenta del magistrado Luis Espíndola Morales, 110 de la magistrada Gabriela Villafuerte y 106 más en la del magistrado presidente Rubén Lara Patrón, dando un total con acumulaciones, de 326 expedientes en curso.
“Se hace notar que el periodo que abarca la exposición de quejas que se reportan es del 2 de septiembre de 2021, fecha en la cual se presentó la primera denuncia relacionada con el tema que no ocupa, al 13 de abril de 2022, día en el que recibió el requerimiento formulado”.
Las y los magistrados tienen que concluir si las alertas que generó el Instituto Nacional Electoral con medidas cautelares en contra de diversos servidores y servidoras públicos, titulares del poder Ejecutivo , personas del Poder Legislativo, integrantes del gabinete federal, presidentes de partidos políticos y organizaciones, son válidas y en un análisis de fondo constituyen irregularidades o violaciones constitucionales que podrían ameritar sanciones o una investigación formal por posibles delitos electorales.
De la relación de las más de 300 quejas, destacan 36 en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes intervenciones en la promoción de la revocación de su propio mandato, por difundir propaganda gubernamental en sus conferencias de prensa mañanera y por comentarios que podrían haber buscado orientar el voto de la ciudadanía para que definiera si le permitía terminar su sexenio o le ordenaba, por primera vez en la historia, que abandonara el poder a mitad de su administración.
También hay 14 quejas en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por las reiteradas publicaciones en redes sociales sobre obras de gobierno prohibidas por la Constitución en periodos electorales, incluidos los de democracia participativa como es la revocación de mandato, y por su participación en mítines en los que promovió el voto a favor del presidente.
Así como cinco juicios más relacionados con el desplegado que emitieron los gobernadores, gobernadoras y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México respaldando al presidente en tiempo prohibido. Y 10 en contra del presidente de Morena, Mario Delgado por videos en los que condicionaba los programas sociales a la permanencia de López Obrador en la presidencia.
La Sala Especializada también tiene entre sus pendientes resolver si estos funcionarios cayeron en desacato a los llamados del INE y por tratarse de una situación inédita “por la actitud contumaz en este tipo de violaciones” como lo confirmó la propia Sala Especializada en el dictamen de validez del proceso, qué sanciones ameritaría.
Las y los magistrados deberán agilizar estos procesos y concluir las decenas de impugnaciones rezagadas que han caracterizado la labor de esta Sala que llega a resolver juicios hasta con un año de que se dieron.
POSICIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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