El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Carlos Ruiz, declaró que el secretario de Gobierno, Manuel González, está en su derecho de interponer un recurso de queja ante la Corte por la resolución otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que lo sancione el Legislativo por anomalías en la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador Jaime Rodríguez.
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El legislador panista comentó que hay que dar oportunidad a que los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso resuelvan.
“Pues bueno el licenciado Manuel González está haciendo uso de los recursos que tiene a la mano y que la Constitución y el marco legal le permiten, este Congreso tiene hasta el 24 de abril para resolver lo que el Tribunal nos ha pedido recientemente.
“Demos oportunidad a que la Comisión Anticorrupción y después el Pleno resuelvan, mientras tanto, esa es la opinión a nombre del Congreso”, señaló.
MILENIO Monterrey publicó que Manuel González informó que el martes por la noche interpuso un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la nueva resolución de la Sala Regional Especializada que ordena al Congreso local ejecutar una sanción en su contra por anomalías en la recolección de firmas para la entonces campaña presidencial del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Acoso en la UANL
En relación al despido de cuatro maestros y a la baja de un estudiante en la Universidad Autónoma de Nuevo León, derivado de denuncias de acoso y hostigamiento sexual en 2019, Juan Carlos Ruiz señaló que están en su derecho de aplicar el reglamento que posee la máxima casa de estudios para esos casos.
“Ellos tienen un reglamento desde hace más de un año que prevé los casos, tienen los órganos para presentar denuncias, y es a través del Consejo Universitario y la Unidad Universitaria de Género que resuelven en consecuencia, además de eso, les recuerdo que desde el año pasado tenemos un Código Penal reformado que considera sancionar a los docentes cuando tienen este tipo tan lamentable de manifestación que es el hostigamiento y el acoso y va de dos a cinco años de inhabilitación para llevar a cabo las actividades docentes”, dijo.