La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a un diálogo nacional para atender a fondo el problema del desabasto de agua que enfrenta una quinta parte del país.
Subrayó la necesidad de generar propuestas que permitan pasar del enunciado a la acción, siempre a favor de las personas, pues no es posible que 21 millones de mexicanos no tengan garantizado su derecho constitucional al agua.
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“El agua debe ser la prioridad en los tres órdenes de gobierno, lograr mayor inversión destinada a infraestructura hídrica que permita una gestión más eficiente, y la realización de una fuerte campaña de sensibilización social para lograr el cero desperdicio”, puntualizó.
La legisladora del PRI reconoció que el Poder Legislativo está en falta, al mantener pendiente de resolver la Ley General de Aguas, así como numerosas iniciativas en la materia.
“A pesar de ser un tema de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados están pendientes de revisión, análisis y aprobación un importante número de iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios; sin embargo, estamos en falta, por lo que es necesario que se avance en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”, dijo.
Guerra urgió a la ejecución de acciones para llegar al desperdicio cero de agua, pues más de la mitad del líquido para uso agrícola se desperdicia por la deficiente infraestructura y lo mismo pasa con el abastecimiento público, donde se pierde 47 por ciento por fugas en el sistema hidráulico urbano.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Conagua, hay al menos seis entidades con sequía en cien por ciento de su territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa.
Además, la mayoría de las presas del centro-norte del país se encuentran por debajo de 50 por ciento de su capacidad, mientras la Cuenca de Cutzamala, con sus siete presas, Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el Estado de México, tiene apenas 38 por ciento de almacenamiento.
“Por todo esto, tanto la actual como la próxima Legislatura deben aprobar iniciativas que atiendan esta problemática que demanda una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años; crear un mercado secundario de aguas residuales para uso industrial, minero y agrícola, y adecuar, a través de un Sistema Nacional de Tarifas, el agua no contabilizada, para dar viabilidad financiera a los organismos operadores”, remarcó.
Sostuvo que en el caso del sector agrícola, que se lleva casi el 80 por ciento del agua que hay en el país, al igual que el sector industrial, deberían utilizar aguas tratadas, pues el agua potable debe ser exclusivamente para uso humano.
LP