La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a una coordinación interinstitucional y transversal para prevenir y enfrentar de manera inmediata los incendios forestales que arrasan 23 mil hectáreas en 20 entidades federativas.
Advirtió que actualmente se registran siniestros en 16 áreas naturales protegidas como el Nevado de Toluca, Estado de México; Maltrata, Veracruz, y en La Sepultura en Chiapas.
“De ninguna manera debemos considerar como algo natural que existan estos siniestros por el solo hecho de que México ocupa el segundo lugar internacional en alertas por incendios forestales, como lo señala el Observador Global de Incendios Forestales; es nuestra obligación tomar acciones efectivas que los controlen o impidan”, remarcó.
La legisladora del PRI subrayó la necesidad de que el Poder Ejecutivo destine un fondo emergente con recursos económicos para adquirir herramientas e insumos y hacer frente a la crisis forestal en amplias zonas del país, tomando en cuenta que no todos los municipios cuentan con los medios para combatir los siniestros.
“Estos siniestros, que en su mayoría son provocados, han cobrado la vida de varios brigadistas y voluntarios, verdaderos héroes que combaten los incendios”, dijo.
En representación de la Cámara de Diputados, Guerra instó al gobierno federal a ampliar la cobertura del plan de auxilio a la población civil DNIII para brindar una atención oportuna a las poblaciones afectadas y así evitar que sean los habitantes quienes se vean obligados a enfrentar los incendios y tratar de apagarlos prácticamente con las manos.
“El daño agropecuario y forestal es muy alto: se pierde suelo y vegetación, destruye el hábitat de la fauna silvestre que incluso pierden la vida, se eliminan plantas que generan oxígeno, incrementa el efecto invernadero por la emisión de carbono, se muere el ganado y se devastan grandes volúmenes de madera que afecta la economía de los propietarios y las reservas forestales del país”, puntualizó.
La diputada presidenta recordó que el presupuesto para Protección Civil este año fue de 190 millones de pesos, es decir, 49 millones de pesos menos que el asignado en 2018, por lo que urge un cambio de estrategia y aquilatar el costo económico y de vidas humanas que estos siniestros significan.
En este sentido, insistió en la importancia de contar con atlas de riesgos actualizados y generar políticas de gestión de riesgo para salvaguardar la integridad física de las personas, reducir la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza.
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