Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, fue torturado desde su detención, al igual que miembros de su familia, para que se declarara culpable del crimen, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin mencionar el nombre del familiar, ya que está protegido por la ley, la CNDH informó que autoridades, responsables de la investigación y la propia comisión, sabían de la tortura contra ambos, no obstante, minimizaron ello para sostener la versión oficial del “asesino solitario”.
El 26 de octubre, la CNDH emitió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por haberse acreditado actos de tortura en agravio de Aburto.
En esclarecimiento a estos hechos, la CNDH integró documentos, peritajes y testimonios obviados o eliminados de la investigación oficial como el testimonio de Aburto y partes de una entrevista hecha a él por personal de la CNDH, presuntamente el 12 de abril de 1994, la cual aunque está en su archivo no consta en la indagatoria oficial ni en ningún expediente de seguimiento de queja del organismo referente a la tortura denunciada, porque nunca se la integró formalmente.
En ese sentido, la CNDH destacó que, contrario a lo que dijeron en su momento los responsables de la investigación, y consta en el Informe Final de la Subprocuraduría Especial encargada del esclarecimiento del caso, Aburto (señalado en el expediente como “V”) jamás refirió que hubiera sido torturado sino hasta su declaración ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, el 29 de abril de 1994, lo que según ellos le restaba crédito.
“La verdad es que desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces durante los primeros interrogatorios V dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo torturado y presionado para auto inculparse, y nunca nadie le hizo caso”, indicó.
Además de eso, la CNDH señaló que se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura de Aburto, incluso de quienes participaron en ella y así lo declararon a las autoridades y se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos que se le practicaron entre el momento de su detención en la Delegación de la PGR en Tijuana y su ingreso al CEFERESO 1 de Almoloya, esto es, entre el 23 y el 25 de marzo de 1994.
“Es convicción de este Organismo Autónomo Constitucional que ha llegado el momento de abrirle paso a la verdad. Y no sólo por ser un hecho relevante del pasado cuya aparente resolución dejó en la mayor parte de la sociedad un sentimiento de decepción, frustración e impunidad, sino porque se trata de hechos que pueden repetirse y que tocan intereses vigentes y muy activos en el presente”, detalló.