El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, dijo que las peticiones de incremento presupuestal para este año las deberá resolver el Ejecutivo estatal, porque su función terminó con la aprobación del presupuesto.
Lo anterior, luego que tanto el Poder Judicial como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se inconformaron públicamente por el monto de recursos asignados y que en el primer caso se les recomendó bajar sus salarios para que nadie se ubique por arriba del ingreso del presidente de la república
IEEM
En el caso del IEEM, el presidente del Instituto, Pedro Zamudio, informó que la cantidad asignada para prerrogativas de los partidos no alcanza a cubrir la cantidad a distribuirse este año, con base en la fórmula establecida en la ley les hacen falta 44 millones de pesos para un recurso que “resulta intocable”.
Ambos casos, indicó, ya no están en manos del Congreso. El Ejecutivo podrá mover cierto margen de recursos y destinarles más dinero si es que le alcanza.
“Cualquier ajuste después de aprobado el presupuesto sería competencia del Ejecutivo, en materia de ampliación presupuestal si es que tienen de donde jalar, valga la expresión”.
Insistió que el Legislativo no tiene ninguna injerencia en estas decisiones y tampoco se pueden mover los recursos libremente.
Al final todo tendría que estar justificado y a la hora de la cuenta pública se tendría que hacer la valoración de si se actuó correcta o incorrectamente.
Diálogos entre poderes
A pregunta expresa, el presidente de la Jucopo reconció que sí han tenido comunicación con los magistrados porque están preocupados respecto al monto presupuestal.
Los escucharon y les dieron a conocer que para el buen ejercicio del estado se tuvo que actuar de esta manera.
Pero como tienen la inquietud ahora deberán ver al Ejecutivo que es donde puede haber ampliación presupuestal si así se decide y aunque hay una recomendación a todos los servidores públicos para bajar sus salarios, al final es facultad del Poder el revisar su capítulo mil, relacionado con el gasto corriente y los salarios.
“Es facultad de ellos y ellos tendrán que hacer lo correspondiente como lo haremos nosotros aquí también en su caso” y como lo hizo el Ejecutivo estatal, indicó Maurilio Hernández.
Al final no hubo acuerdos con los magistrados, fue una reunión de cortesía y de manifestar una inquietud, no reclamos por bajar presupuesto.
LC