El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar la actuación inmediata de las autoridades ante la desaparición de personas, sin posibilidad de imponer plazos de espera para iniciar la búsqueda.
La propuesta de reformas a los artículos 5, 80 y 86 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares suscrita por Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada naranja, y su correligionaria Anallely Muñoz busca terminar con la discrecionalidad y la inacción institucional frente a dichos casos.
Establece con precisión el concepto de “actuación inmediata” y define obligaciones claras para las autoridades desde el primer momento en que se tiene conocimiento de una desaparición, cerrando así los vacíos que hoy permiten retrasos injustificados y prácticas contrarias al espíritu de la ley.
“El problema no es solo la norma, sino su incumplimiento. Hoy, muchas familias enfrentan indiferencia, retrasos y hasta negativas por parte de las autoridades”, acusó Ortega.
Muñoz subrayó a su vez que uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas es la respuesta tardía o negligente del Ministerio Público, a lo que se suma una práctica extendida y profundamente dañina: la falsa creencia de que deben transcurrir 24, 48 o hasta 72 horas para denunciar una desaparición.
“Esa idea es completamente errónea y ha sido reforzada por malas prácticas institucionales. No solo retrasa las denuncias, también reduce drásticamente las posibilidades de encontrar a las personas con vida”, advirtió.
Por ello, dijo, la iniciativa es contundente al establecer que ninguna autoridad podrá imponer plazos de espera para iniciar la búsqueda y la actuación deberá ser inmediata, sin condiciones ni dilaciones.
Además, el proyecto prevé el fortalecimiento de la capacitación de los servidores públicos, campañas de difusión para que la ciudadanía conozca su derecho a denunciar de forma inmediata y sanciones para las autoridades que incumplan dichas obligaciones.
De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose, pues los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3 por ciento en 2023; 6.3 por ciento, en 2024, y un alarmante 12 por ciento en 2025.
“La desaparición de personas no son cifras: son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta, y cada retraso puede ser irreversible”, puntualizó la diputada Anallely Muñoz.
LG