La mediación ha permitido resolver o encauzar alrededor de 25 mil asuntos en cuatro años en Hidalgo, con una efectividad superior al 94 por ciento en el cumplimiento voluntario de los acuerdos. Para Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Poder Judicial del estado, este mecanismo representa una alternativa para reducir la carga de los tribunales, evitar litigios prolongados y ofrecer soluciones pacíficas a los conflictos entre particulares.
En entrevista para MILENIO dijo que el desafío es considerable pues la institución recibe aproximadamente 58 mil asuntos al año y cerca del 70 por ciento corresponde a las materias civil y familiar. De acuerdo con la magistrada, una proporción similar de esa carga podría atenderse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre que la naturaleza del caso y las condiciones legales lo permitan.
“Hay un cúmulo inmenso de asuntos que llegan al Poder Judicial y de todos esos le estoy hablando de aproximadamente 58 mil al año”, explicó Aladro Echeverría, quien considera necesario ampliar la difusión de la mediación para que la ciudadanía conozca esta opción antes de iniciar un procedimiento judicial.
La apuesta busca cambiar la idea de que cualquier desacuerdo debe terminar ante un juez; en lugar de someter a las partes a un litigio que puede extenderse durante años y ser costosa para las partes, la mediación establece un espacio para escucharse, reconocer las necesidades de la contraparte y construir acuerdos que permitan resolver la controversia sin prolongar el enfrentamiento.
“En la mediación las dos partes, cuando se escuchan, empiezan a ceder poco a poco. ¿Y entonces qué es lo que pasa en esta mediación? Es ganar-ganar. Las dos partes van a ganar”, señaló la presidenta del Poder Judicial.
La herramienta tiene especial relevancia en los conflictos familiares, donde las disputas entre parejas pueden prolongarse, incluso, después de una separación y afectar a menores. Aladro Echeverría advierte que los juicios pueden generar nuevos enfrentamientos, gastos en abogados y procedimientos posteriores, sin que se resuelva el problema emocional que originó la disputa.
Sin embargo, la mediación tiene límites: no aplica en casos de violencia familiar o de género ni en delitos graves. La naturaleza de cada controversia determina si es posible recurrir a este procedimiento o si debe seguirse la vía judicial correspondiente.
Los retos
La necesidad de fortalecer la capacitación del personal y mejorar la infraestructura del Poder Judicial son algunos de los retos que enfrenta, por lo que se busca consolidar una institución más eficiente, cercana a la ciudadanía y con mayores herramientas.
Aladro Echeverría reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer, particularmente ante los cambios derivados de la reforma judicial y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, misma que exige preparar a los operadores jurídicos y la adaptación de los procedimientos a las nuevas disposiciones.
“Hay mucho que hacer todavía. Nos falta dinero y nos falta tiempo, pero las ganas las vamos a seguir dando”, expresó al referirse a los proyectos que busca impulsar al frente de la institución. Fortalecer la capacitación de jueces, magistrados y personal administrativo es otro de los objetivos y señala que la Escuela Judicial necesita ampliar sus instalaciones para ofrecer más aulas, especialidades y cursos, además de continuar con los programas de formación y el doctorado.
La actualización cobra relevancia ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, proceso para el que el Poder Judicial ha recurrido a sus propios recursos, según explicó la presidenta, ante la falta de presupuesto federal específico que permita impulsar la preparación requerida.
La infraestructura también forma parte de los pendientes. Durante su gestión se han realizado trabajos para dignificar los espacios judiciales, reorganizar oficinas y liberar áreas ocupadas por expedientes acumulados, pero reconoce que existen instalaciones que requieren mantenimiento, rehabilitación o ampliación.
Al recordar las condiciones encontradas en algunos juzgados familiares, describió oficinas saturadas, mobiliario deteriorado y expedientes amontonados que dificultaban el trabajo del personal. Aunque se han recuperado espacios y mejorado las condiciones de operación, admite que estas acciones no representan una solución definitiva a las necesidades de infraestructura.