Investigadores de la Universidad Iberoamericana presentaron una plataforma digital que da seguimiento a la conflictiva social que resulta de la “implantación de megaproyectos” en México.
En la plataforma digital se tiene el registro de que hasta marzo del año pasado existían 5 entidades identificadas con el mayor número de megaproyectos.
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Éstas son Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Chihuahua. En total, 596 megaproyectos de todo tipo y sobre todo los que originan alguna afectación de tipo ecológica.
En total se tiene un registro de 332 conflictos socio ambientales en el país y por lo menos la mitad de los registrados han causado “alguna afectación social, por ejemplo de tipo ecológica”.
En la Ciudad de México, por ejemplo, se tiene un registro de 224 y en Michoacán con 25 “megaproyectos con afectaciones ecológicas”.
Al día de hoy se tiene un banco de datos que abarca del 1 de enero de 2017 al 30 de marzo de 2020 y la intención es su actualización permanente.
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Con ese registro se ha encontrado que “la expansión extractiva entra en conflicto con movimientos de defensa del medio ambiente y con los movimientos de justicia ambiental y de comunidades indígenas”.
En el sitio se da seguimiento a las afectaciones sociales y ecológicas y temas de violencia, además de las acciones colectivas que originan los megaproyectos, pero también información del papel que juegan las instituciones del Estado y de las empresas que los impulsan.
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En la presentación del Observatorio de Conflictos Socioambientales causados por la industria extractiva, el director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Juárez", Santiago Aguirre, señaló que en diversas zonas hay comunidades indígenas “donde se vive acciones de resistencia a la minería a gran escala”.
Recordó que “estamos frente a esquemas de despojo territorial que están pensados para durar muchos años. Las luchas territoriales no están en México en un momento sencillo cuando hay en el poder una opción política que tendría que tener más afinidades con sus luchas”.
Sin embargo, "estas afinidades se presentan sólo en el ámbito discursivo” y reconoció que “en algunos casos” sí hay desde los gobiernos “acciones concretas de respuesta a esas luchas, pero en otros casos hay animadversiones” a las luchas de las comunidades.