Partidos de oposición, empresarios, CNTE y hasta un sector de Morena rechazaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma educativa con un memorando.
PRI, PAN, PRD y MC en San Lázaro, además de Coparmex y Canacintra, señalaron que la medida es “jurídicamente insostenible” y viola la Constitución, y quien la acate enfrentará responsabilidades penales.
Incluso el morenista Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado, rechazó las decisiones por decreto, mientras que la CNTE dijo que mantendrá su protesta hasta que se quite de la ley la iniciativa del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que dejar sin efecto la reforma educativa representa un retroceso “lamentabilísimo” a los años 70, que abona a la compra y venta de plazas y que pone en un estado de indefensión la educación de los menores y jóvenes del país.
ANTICIPAN ACCIONES LEGALES
Luego de que López Obrador anunciara la firma del escrito dirigido a las secretarías de Hacienda, Educación Pública y Gobernación, en el que instruye dejar sin efecto “la mal llamada reforma educativa” hasta en tanto se logre un acuerdo para presentar una nueva reforma constitucional, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la orden “jurídicamente es insostenible”.
“Para empezar, no funda ni motiva, y por lo tanto carece de vigencia jurídica. Es nulo de pleno derecho, atenta contra la división y la separación de poderes y los funcionarios que acaten esta instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos de responsabilidades”.
Anticipó incluso cuatro acciones legales para combatir la instrucción firmada por el Presidente de la República: amparos, denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad y demandas de juicio político o desafuero.
Por separado, el líder parlamentario del PRI, René Juárez, sostuvo que el memorando sienta un mal precedente y pone en riesgo tanto el orden constitucional como la división de poderes, por lo que exigió a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado hacer un pronunciamiento al respecto.
En tanto, la fracción legislativa de MC remarcó que los titulares de Gobernación, Educación y Hacienda no tienen la obligación de acatar una instrucción inconstitucional, pues de hacerlo incurrirían en el delito de coalición de servidores públicos previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal y sancionado con una pena de dos años a siete años de prisión.
La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, lamentó a su vez la violación flagrante al estado de derecho y el atropello al Poder Legislativo, además de cuestionar que el Presidente ceda a presiones y chantajes de la CNTE.
El líder de la bancada independiente en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, reafirmó a su vez la posición de los diputados sin partido de abrogar la reforma educativa de Peña Nieto y acordar una nueva que vaya más allá de lo administrativo, elimine las cuotas escolares y promueva maestros dedicados a estar en las aulas, con pleno respeto a sus derechos laborales.
La decisión presidencial incluso dividió a la bancada de Morena en el Senado, donde el coordinador Ricardo Monreal aseveró que se trata de una medida administrativa que no se contrapone con el proceso de consulta y diálogo legislativo en curso en las cámaras, al garantizar que sí habrá reforma educativa.
En sentido contrario, el también morenista y presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, rechazó la cancelación por decreto, al afirmar que se requiere una nueva reforma constitucional para ello y es mejor dialogar para que los cambios necesarios se hagan en las leyes secundarias.
El sinaloense reconoció que es facultad de las cámaras modificar la Constitución, pero subrayó que en las leyes secundarias se podrían dar los cambios en la reforma educativa, aunque sí deberá contener un procedimiento “si no de evaluación porque esa palabra no les gusta, sí de examen”.
A su vez, la oposición reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz, y al coordinador de Morena en el Senado, Mario Delgado, que “se fajen los pantalones” y se dictamine de una vez la reforma educativa, porque el Presidente está impedido para modificar la Constitución y echar atrás la reforma educativa con un memorando.
RECHAZO EMPRESARIAL
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, escribió en su cuenta de Twitter que lo ordenado por el Presidente en el memorando es una revocación ilegítima.
"Abrogación ilegítima y violación sistemática de la ley, violenta el estado de derecho”, aseveró.
La Coparmex consideró “lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población”.
A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calificó el memorando de un acto “a todas luces anticonstitucional, antidemocrático y que atenta contra la división de poderes”.
En un comunicado, el presidente de los industriales, Enoch Castellanos, señaló que, “al pretender abrogar un precepto constitucional, el Ejecutivo invade la función del Legislativo de modificar el marco jurídico, como lo establece el artículo 49: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”.
“HASTA NO VER, NO CREER”: CNTE
La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que hasta no ver que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto sea letra muerta y desaparezca de la Constitución continuará con su plan de lucha y movilizaciones acordadas.
“Hasta no ver, no creer”, dijo el líder de la gremial, Eloy López Hernández, en referencia al memorando de López Obrador para cancelar la reforma educativa, y agregó: “Nuestro plan de acción sigue firme, continuamos en alerta máxima y en el análisis. Queremos que la reforma desaparezca de la Constitución y que se modifique el modelo educativo”.
En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, señaló en entrevista con MILENIO que la mayor preocupación es que se pierda el concurso de plazas magisteriales, “pues no habrá certeza de que los niños y jóvenes sean atendidos por buenos maestros; no contaríamos con un organismo autónomo que evalúe los componentes de la educación ni a los alumnos para conocer su situación real de conocimiento”.
MINISTRO EN RETIRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO.
“SE METIÓ EN UNA TRAMPA POLÍTICA”
El memorando con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dejar sin efecto la reforma educativa carece de fundamentación y motivación, e incluso las autoridades administrativas, en el momento de aplicarlo, pudieran incurrir en responsabilidades, afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz.
“Los miembros de la administración pública también son servidores públicos que están sometidos al orden jurídico y no pueden acatar instrucciones o decisiones de su jefe cuando éstas sean notoriamente inconstitucionales o contrarias del derecho… las propias autoridades administrativas al momento de aplicarlas podrían incurrir en responsabilidad. Entonces creo que el presidente con una orden así pone en riesgo jurídico a sus propios colaboradores”, advirtió en entrevista con MILENIO.
Cossío dijo que el Presidente “se ha metido en una trampa política”, porque por un lado ofreció derogar estas disposiciones mediante una reforma constitucional, pero por otro lado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no acepta la propuesta del mandatario.
“Y el presidente lo que está haciendo es posponer una decisión jurídica, en términos jurídicos, ordenando su desaplicación o inaplicación. Creo que eso jurídicamente no es posible y me parece que lo que está haciendo es ganar tiempo para efecto de ganar negociaciones, pero lo está haciendo por un camino jurídico francamente equivocado”, declaró el ministro.
Cossío Díaz explicó que el artículo 16 de la Constitución tiene la regla más básica de todo sistema democrático, la cual es, que los actos de autoridad tienen que fundarse y motivarse.
Subrayó que las normas jurídicas han sido emitidas por autoridades democráticas, “nos guste o no nos guste el contenido de ellas”.
“Si el presidente de la República quiere dejar de aplicar estas disposiciones, pues tiene que seguir los procesos de derogación de las propias disposiciones. La Constitución tiene una reforma educativa, esa reforma tiene a su vez una serie de leyes, en las cuales se está implementando. Entonces es importante seguir los procedimientos jurídicos.
“El presidente en su así llamado memorándum no funda ni motiva ni determina cuál es la norma jurídica que le da competencia para llevar la derogación o la inaplicación de las normas jurídicas”, apuntó.
El ministro en retiro aseguró que ni una autoridad tiene facultades para inaplicar las normas jurídicas, salvo los jueces cuando hacen control difuso, pero eso es una autorización constitucional, ya que todas las demás autoridades tienen que atenerse a las normas y ese es el verdadero ejercicio democrático del poder.
Impugnable
El ministro en retiro comentó que este caso es muy fácil de impugnar, a través de un amparo contra los actos de debida fundamentación y motivación de las autoridades, “es un amparo relativamente fácil” porque lo que se le pregunta a la autoridad por parte del juez de Distrito es que diga en qué norma jurídica basa su competencia para hacer aquello que está haciendo. Segundo, qué norma jurídica le autoriza hacer aquello que está haciendo.
“Yo, hasta donde observo no encuentro que haya normas jurídicas que autoricen a alguna autoridad dejar de aplicar y menos ordenarles a los miembros de la administración pública detengan esta aplicación.
En tanto, Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, calificó de “error” el memorando y enfatizó que el documento no cuenta con “ningún fundamento jurídico”.
“Es un documento interno redactado como si fuera de política, pero tiene una parte de consideración jurídica”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión.
Con información de: Fernando Damián, Angélica Mercado, Eduardo de la Rosa, Óscar Rodríguez, Karina Palacios y Rubén Mosso.