El Poder Legislativo debe proteger el derecho de las mujeres a una menstruación digna e impulsar al gobierno federal a que modifique su “política ciega de género”, planteó la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, al proponer que a los productos de gestión e higiene menstrual no se les aplique el IVA.
A través de una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la legisladora solicitó aplicar la tasa cero de este tributo a toallas sanitarias desechables, de tela, compresas, tampones, protectores, copas menstruales, así como los productos de higiene íntima.
Asimismo, que los impuestos que se recauden de otros artículos diferenciados por género se destinen a programas y políticas adicionales de salud y atención de mujeres y niñas; y que incluya, además, la distribución gratuita de productos para la gestión menstrual en comunidades con rezago y marginación social, así como en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior.
“La pobreza menstrual en México es una realidad. La desigualdad de ingresos y la falta de acceso a productos sanitarios o a servicios de infraestructura básicos como el agua potable, pueden provocar problemas de salud como infecciones o enfermedades vaginales”, advirtió la legisladora.
En México, apuntó, la disposición tributaria “es discriminatoria e injusta”, pues consideró que el Estado no ofrece a las mujeres las garantías para que puedan gestionar con higiene, seguridad y dignidad su menstruación.
Explicó que la reforma propuesta beneficiaría a más de 63 millones de mujeres, adolescentes y niñas mexicanas, que con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pagan por concepto de IVA un aproximado de entre 201 mil 600 millones y 262 mil 80 millones de pesos anuales, tan sólo por la compra de toallas sanitarias.
A esto último se suma el gasto por la compra de medicamentos y tratamientos en caso de tener algún padecimiento, como la endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico.
“Cobrar 16 por ciento de IVA a los productos que cada mes utilizan las mujeres es discriminatorio y deriva de una política ciega de género, la cual no está sustentada en la necesidad de acceso igualitario de las personas”, insistió.
LP