Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC) de la Universidad de Guadalajara, asegura que el acuerdo presidencial por el que se designan los proyectos prioritarios del gobierno como temas de “seguridad nacional” ejemplifica que la Cuarta Transformación busca destruir lo que le estorbe para consolidarse.
“Yo creo que lo que ejemplifica (el acuerdo) es su voluntad revolucionaria, que ya es hora de que lo entendamos, lo digamos y lo asumamos: este gobierno no se asume como un gobierno más, este gobierno se asume como un gobierno que se presenta a sí mismo como la cuarta gran transformación histórica del país y que considera, por lo tanto, que el marco jurídico vigente debe ser destruido porque es un obstáculo para esa transformación histórica”, dice en entrevista con MILENIO.
“Todo aquello que estorba a la transformación, en opinión del Presidente, debe ser eliminado. Entonces, no debería sorprendernos”, opina el especialista.
“Todo aquello que le parezca un obstáculo para la revolución ─que él está seguro de estar encabezando─ será destruido. Y si el marco jurídico estorba, hay que destruirlo; de eso se trata, ese es el espíritu de la cuarta transformación”, añade el académico.
Merino Huerta explica que la emisión del acuerdo presidencial, en la edición vespertina del 22 de noviembre del Diario Oficial de la Federación, no es un hecho aislado, sino un eslabón más de una serie de decisiones que se han ido tomando para capturar la vida pública del país.
“Esto ya es una dinámica, es una forma de gobernar, que, además tiene una justificación política, que es la Cuarta Transformación. El Presidente no está viendo esto como una cuestión administrativa, está viéndolo como una pieza más de la revolución que él, está seguro, está encabezando”, añade el especialista.
Merino, experto en rendición de cuentas, asegura que, además, al invocar los términos “interés público y seguridad nacional”, está invocando la excepción establecida en la Constitución para reservar la información de las obras públicas del gobierno federal, lo que convierte a la actual administración en la más opaca de los últimos tiempos.
“Es un gobierno que ya en este momento acredita ser más opaco que los anteriores. Todo eso conduce necesariamente a la sospecha del uso político de los recursos públicos, que es una de las formas de la corrupción. La corrupción es la captura de lo público y el gobierno del presidente López Obrador, a todas luces, ha capturado todo lo público eliminando contrapesos”, sostiene el académico.
“La captura política para beneficiar a un partido, una posición política, es también una forma de corrupción, así que sí es muy malo eliminar todos estos instrumentos de un plumazo”, dice Merino.
El profesor también considera que además de negar información de las obras públicas, el acuerdo permitirá omitir los estudios de impacto ambiental o estudios socioeconómicos que reclama la legislación de obras públicas, “o presentarlos de manera muy rápida, sin que haya tiempo de estudiarlos, de evaluarlos, de hacerlos bien, con tal de hacerlos rapidísimo, de ir rápido”.
Y advierte: “dado que se invoca la seguridad nacional, se invoca también la muy probable presencia de las fuerzas armadas como ejecutoras de las obras públicas”.
Merino opina que las vías legales que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está analizando para hacer frente al acuerdo es una de las diferentes herramientas que hay para contrarrestar el documento, pero que cualquier acción jurídica tardará varios meses antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome una decisión al respecto.
“En el artículo 105 constitucional hay un recurso a través del cual, distintas instituciones pueden, legítimamente, acudir ante la Suprema Corte de Justicia cuando vean una vulneración a sus facultades constitucionales. El INAI es una de ellas como órgano garante de la transparencia. Si el Presidente decide que todas sus obras públicas, las que él decida, porque eso dice el acuerdo, son de interés público y seguridad nacional está invocando una excepción a la transparencia. Entonces, sí, el INAI podría acudir a la Corte para que la Corte diga la última palabra. Sin embargo, mientras eso sucede, el Presidente actúa y sigue de frente. Va a pasar mucho tiempo antes de que la Corte se defina en ese sentido”, afirma.
JLMR