César Duarte estaba “preocupado”… y tenía razones para estarlo. No había pasado ni un día de que su mayor enemigo político, Javier Corral, había ganado la elección a la gubernatura y se convertiría en su sucesor, cuando el entonces mandatario priista de Chihuahua reunió a su gabinete para comenzar a armar un esquema que encubriera y justificara legalmente cada peso que desvió durante su administración.
Desde aquel junio de 2016 y hasta que llegó el nuevo gobierno del panista en octubre de ese año, Duarte Jáquez encabezó, cada semana, reuniones con su equipo más cercano para terminar de delinear este entramado que evitara lo que al final ocurrió: acusarlo de corrupción y llevarlo a prisión.
Así lo revelan documentos entregados por autoridades de Chihuahua a estadunidenses y que fueron base de los argumentos para que la jueza Lauren F. Louis avalara la extradición del ex gobernador Duarte, quien se encontraba recluido desde julio de 2020 en una prisión en Miami.
“…luego de las elecciones de 2016, Duarte expresó su preocupación a los miembros de su gabinete por la necesidad de documentar cada gasto que desviaba y establecer reuniones semanales con el fin de crear una justificación para esos gastos”, expone.
Uno de los documentos detalla que al llegar el nuevo gobierno de Javier Corral, se realizó una auditoría de la gestión de César Duarte, en la cual se reveló que se desviaron recursos públicos a empresas en las que el entonces gobernador o su familia tenían participación como accionistas.
“El dinero también se rastreó a una cuenta controlada por Duarte y su esposa, y se usó para comprar activos para su negocio”, explica el documento que concluye con la acusación de que se rastrearon “millones de dólares” en fondos desviados al control de César Duarte o de miembros de su familia.
JLMR