La organización Mexicanos Primero exigió la revocación de los acuerdos pactados para la entrega de plazas entre el gobierno federal, el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, en los años 2015, 2014, 2013 y 1992.
En conferencia de prensa, Sandra Creixell, directora de estudios jurídicos de Mexicanos Primero, explicó que hace cuatro años, Aprender Primero, el brazo jurídico de la organización, inició un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación (Segob) , la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de Oaxaca por los acuerdos ilegales firmados con la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la CNTE, y el pasado 11 de febrero el Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia en la que declara ilegales estos acuerdos.
Entre los puntos del pacto destacaban: el otorgamiento de un banco de plazas para que dispusiera a completa discreción de las mismas; el establecimiento del derecho de sus agremiados a recibir incentivos y promociones por buen desempeño, contrario a lo que marca la ley mediante los concursos de oposición.
También se acordó que los docentes de la sección 22 en servicio antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en que se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente, no serían cambiados o removidos de sus funciones aún en los casos en que no hayan obtenido resultados satisfactorios en la tercera evaluación de desempeño.
Con esta resolución, las autoridades que actualmente están en el cargo están obligadas a dar cumplimiento a dicha sentencia y dejar sin efecto los acuerdos, lo que correspondería a Zoé Robledo, subsecretario de gobierno de la Segob; Luis Mariano Hermosillo, director general de presupuesto y recursos financieros de la SEP; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y Francisco Ángel Villarreal, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero explicó que el banco de plazas otorgado es difícil de cuantificar por la nula transparencia en los procesos, además de que ante aquellas que ya fueron entregadas no se puede intervenir. La sentencia aplica ante el número de plazas que aún podrían entregarse como parte de esos acuerdos.
La relevancia, explicó, es que el poder judicial de la federación dejó en claro que la "gobernabilidad", tal como la entendieron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca, no puede ser aducida como fundamento para perpetuar la entrega de plazas y la concesión de promociones.
"Da una lección clamorosa: ya no más acuerdos ilegales. Que los funcionarios federales y estatales se dejen arrebatar por una sección sindical recursos y nombramientos de la República, a través de vías no previstas universalmente, merece el rechazo público, tal proceder debe ser sancionado cómo conducta que desfonda y desvirtúa el mandato recibido. Hicieron mal y hay males a reparar", expresó.