En México existen múltiples prohibiciones legales para que partidos políticos y candidatos reciban financiamiento privado, pero, a pesar de dicho enfoque restrictivo, “se carece de disposiciones para impedir la entrada de recursos de origen ilegal a la política”.
Así lo advierte un reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al subrayar que, por lo que hace a las disposiciones para que donaciones a partidos y candidatos pasen a través del sistema bancario, México va a contracorriente de la mayoría de los países a nivel mundial.
“En nuestro país no existen este tipo de disposiciones, las cuales podrían reducir la probabilidad de que dinero proveniente de actos de corrupción o de negocios ilícitos entrara en el financiamiento de partidos y candidatos”, puntualiza el “Análisis comparativo internacional de directrices sobre el financiamiento privado a partidos políticos y candidatos”, elaborado por el investigador Jaime Arturo del Río.
El documento detalla que a nivel mundial predominan modelos de financiamiento que permiten las aportaciones de actores privados, tales como empresas, corporaciones y sindicatos, a partidos, campañas y candidatos.
“Lo anterior contrasta con el modelo mexicano, en donde sí existen múltiples prohibiciones en la ley para que los partidos políticos y candidaturas reciban recursos privados”, señala.
De acuerdo con el estudio, se observa que México, en general, tiende a mantener una postura más conservadora respecto a la mayoría de las naciones.
El artículo 41 constitucional establece que, tratándose del financiamiento de los partidos políticos, los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado, además de que la ley establece un monto máximo para las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, precisa el Instituto Belisario Domínguez.
LG