La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York se ha convertido en una especie de agencia de outsourcing para el gobierno mexicano, pues al menos en los últimos cinco años narcotraficantes y delincuentes de alto perfil, que no fueron procesados por sus delitos en su país de origen, han sido llevados a juicio y sentenciados en Estados Unidos.
El proceso que protagoniza en Nueva York el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no es el único caso en el que los fiscales —que se han caracterizado por ser implacables en sus sentencias— han llevado ante un juez federal de este distrito, en Brooklyn. Y aun cuando en Estados Unidos se les ha sentenciado, en México algunos de esos personajes dejaron cuentas pendientes y, en algunos casos, jamás se les acusó de nada.
Por eso se dice que el gobierno y el sistema judicial de México utilizan algo parecido al outsourcing, en cuanto han tercerizado el servicio de juzgar criminales en un “proveedor” extranjero, en este caso el gobierno estadunidense.
Entre los nueve casos supermediáticos relacionados con México que se han llevado desde esta Fiscalía, se encuentran el del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia; el de Juan Francisco Patrón, el H2; el de Jesús el Rey Zambada; el de la empresa brasileña Odebrecht relacionada con sobornos a Emilio Lozoya, o el del culto sexual NXIVM, entre otros.
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A la caza de narcos
Al igual que el caso de Genaro García Luna, otro de los asuntos mediáticos que esta corte neoyorquina ha llevado, es el del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque fue detenido y encarcelado por las autoridades mexicanas, se llegó a la determinación de extraditarlo a Estados Unidos luego de sus escapes en 2001 de Puente Grande y en 2015 de Almoloya. Fue así que llegó un día de enero del 2017 al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se encuentra la Fiscalía del Distrito Este.
Guzmán Loera fue acusado de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado por el fiscal Robert L. Capers, quien en su momento lo llamó “un tumor canceroso”. Durante el proceso judicial que duró casi cinco años, los fiscales presentaron a 13 testigos que describieron con lujo de detalle cómo El Chapo operó durante décadas un imperio de drogas, sustentado en la violencia.
La Fiscalía logró una sentencia de doble cadena perpetua y su reclusión en una de las cárceles más inhumanas de Estados Unidos, si bien durante el juicio utilizaron a testigos, que a su vez, ya habían sido juzgados por órganos estadunidenses.
Tal es el caso de Jesús Reynaldo El Rey Zambada García, quien fue extraditado en el año 2012. Sobre el hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se sabe que fue a parar a ese distrito judicial, que cooperó con los fiscales en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y ha obtenido beneficios por ese papel coadyuvante.
Otro de los testigos en el juicio de El Chapo y que fue acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York fue Jorge Cifuentes Villa, un socio de Guzmán Loera que coordinó envíos de toneladas de cocaína a través de lanchas rápidas desde México hacia Estados Unidos.
Además de fungir como testigos cooperadores de estos implacables fiscales en el caso de Guzmán, hay otros narcotraficantes a los cuales tampoco les dejaron más opciones que cooperar y declararse culpables. Fue el caso de Iván Reyes Arzate, ex comandante de la policía federal mexicana.
En 2017, la Fiscalía reveló que Reyes trabajó filtrando información de operativos en materia de seguridad a organizaciones como el cártel de los Beltrán Leyva.
La Reina, como se le conocía en el mundo del narcotráfico a este expolicía de 49 años, fue detenido en enero de 2020 en Estados Unidos y el 9 de febrero de 2022 fue sentenciado a pasar 10 años en una prisión bajo cargos de conspiración para traficar droga hacia ese país.
Otros narcodelincuentes que fueron indagados por los fiscales federales del Distrito Este, son los que comandaba el traficante Jesús Ricardo Patrón Sánchez, conocido como El H3 y Juan Francisco Patrón, El H2, presuntos herederos del cártel de los Beltrán Leyva. Por cierto, El H2 fue abatido en un operativo de la Marina en 2016.
Los funcionarios revelaron que una célula a su cargo compuesta por tres miembros, Kenia Alejandra Valdez, José Dagoberto Cortes y Deovaldo Gutiérrez traficaron toneladas de droga de Centroamérica y México hacia Estados Unidos.
Fue justo este caso el que llevó al equipo persecutorio a descubrir otra vertiente criminal: la del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia –también conocido en ese estado como El Diablo–, quien fue acusado de participar en la distribución de drogas dentro de territorio estadunidense desde el año 2013 hasta el 2017, periodo en el que fungió como fiscal general nayarita. Se le acusó tanto de proteger a los hermanos Patrón Sánchez como de permitir el ascenso en Nayarit del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Fue Veytia quien acusó al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de dar protección a los cárteles a cambio de sobornos. En una declaración ante estos fiscales, Veytia afirmó que escuchó cómo durante un operativo, un grupo de delincuentes mencionaban que eran gente de Cienfuegos.
En 2019, la misma fiscalía basada en Brooklyn detuvo y acusó al general Cienfuegos. Sin embargo, como se sabe, en un acuerdo entre autoridades de los dos países decidieron regresarlo a México, donde no se le procesó e incluso se alegó que las evidencias de los fiscales no tenían sustento.
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Empresarios y cultos
Dos asuntos de relevancia internacional y que tocaron a México fueron los casos de la petrolera de origen brasileño Odebrecht y NXIVM, la organización que disfrazada de cursos de marketing y desarrollo personal escondía una secta de culto y explotación sexual.
Keith Raniere, el líder de la secta, fue arrestado en el año 2018 mientras pasaba sus días en Puerto Vallarta, Jalisco. La detención se debió a una acusación por parte de las autoridades de Estados Unidos, las cuales señalaban al líder manipulador de abusar psicológica y sexualmente de mujeres.
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El culto se ocultaba detrás de una empresa de “empoderamiento y superación personal”, e hizo su centro de operación a México, donde logró captar a muy adinerados seguidores VIP, particularmente en Monterrey, Nuevo León.
Algunos de los mexicanos implicados fueron Rosa Laura Junco, quien jugó un papel central en el reclutamiento de mujeres de clase alta en Monterrey, las hermanas regiomontanas Jimena Garza Dávila, Loreta Garza Dávila, así como Emiliano Salinas Occelli y Cecilia Occelli González, hijo y ex mujer del presidente Carlos Salinas de Gortari.
En el año 2020, Keith Raniere fue sentenciado a pasar 120 años en prisión, y entre los cargos se incluía el de posesión de pornografia infantil. En México, una vez más, no pasó nada.
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A todo esto se suma el caso Odebrecht, que se dio a conocer en 2016 cuando las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York por pagar sobornos a servidores públicos de diversos países, entre ellos México.
Confesaron estar involucrados en pagos de sobornos a “oficiales de alto nivel” en una empresa propiedad del Estado mexicano, a fin de verse favorecidos en la asignación de un proyecto. Emilio Lozoya Austin se desempeñaba como director general de Petróleos Mexicanos.
En 2016 los ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables y acordaron pagar una multa total combinada de al menos 3 mil 500 millones para resolver los cargos. La historia de Emilio Lozoya ya es conocida: ante el riesgo de ser acusado huyó, fue capturado en España en febrero de 2020 y posteriormente regresado a su país, donde enfrenta un enredado proceso que incluyen acuerdos ventajosos con las autoridades mexicanas que le permitían incluso ir a comer a restaurantes de lujo.
Así el contraste entre eso y lo que ocurre en la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.
aag