Vulnerables a la devastación provocada por la minería en México, es como en realidad se encuentran las áreas naturales protegidas del país, ya que existen al menos 73 proyectos mineros activos dentro de esos territorios destinados a la conservación del patrimonio natural.
“Tenemos una superficie de 2 millones 400 mil hectáreas traslapadas entre concesiones mineras y áreas naturales protegidas, un total de 3 mil 850 títulos de concesión”, señaló Manuel Llano, director de Cartocrítica.
En entrevista con MILENIO, dijo que “hay por lo menos, más de mil 400 titulares de concesiones mineras, de razones sociales que tienen una concesión minera dentro de una área natural protegida, la principal de ellas es Grupo México con 84 concesiones mineras”.
Una de esas concesiones, Grupo México la obtuvo en 2007, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, –ubicada en los límites de Michoacán y el Estado de México–, un sitio que además es Patrimonio Mundial por la Unesco.
A pesar de que esa denominación no es compatible con la minería, Cartocrítica identificó otros cuatro proyectos activos en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, hogar del berrendo peninsular y sitio de reproducción y nacimientos de la ballena gris. Así como otro proyecto en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, donde sobreviven menos de 10 vaquitas marinas. Mientras que el Área de Protección Valle de los Cirios y el área estatal Wirikuta que apenas buscan la declaratoria de la Unesco, también tienen concesiones mineras, por lo que temen la devastación de estas zonas.
“Hay acaparamiento del agua, destrucción del hábitat, hay accidentes, descuido, negligencia, hay corrupción y todo esto deriva en que al día de hoy. Semarnat tiene identificados 11 sitios altamente contaminados causados por actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas”, dijo.
Edmundo del Pozo, coordinador del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar, coincidió con Cartocrítica en que la Ley General del Equilibrio Ecológico no ha logrado blindar a las áreas naturales protegidas, debido a que bajo una política extractivista, la Ley Minera sostiene que la exploración y explotación de los minerales son de utilidad pública, preferente sobre cualquier otro uso del territorio, lo que contraviene los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano.
“Detrás de la actividad minera ha venido también la criminalización, la violencia en los territorios, el contubernio de las empresas mineras con el crimen organizado, la captura del estado, un conjunto de agresiones contra las comunidades, defensoras y defensores del territorio. Las décadas principales fueron las décadas de Calderón y Peña Nieto, aún con Peña Nieto se impusieron algunos impuestos que no estaban antes, pero la expansión grande de las concesiones mineras en México se da sobretodo con Calderón, y toda la privatización minera y los grandes proyectos mineros canadienses que entraron al país, más las grandes empresas de México, como Grupo México, Frisco”, indicó Edmundo del Pozo.
Por ello, diversas organizaciones exigen al Senado de la República ratificar la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo por más de 400 votos a favor, a fin de prohibir la minería en áreas naturales protegidas.
“Uno no se imaginaría que en reservas naturales admitieran actividades mineras y la mega minería o los proyectos de hidrocarburos, pero es la realidad, por lo menos intentar que se blinden esas áreas es lo que se está buscando solamente con esta ley. Pero la exigencia de organizaciones como Fundar va más allá, tiene que haber una modificación sustantiva de la Ley Minera que deroga este carácter preferente de utilidad pública figuras que son violatorios de los derechos humanos”, apuntó.
Fundar tiene documentados más de 800 conflictos socioambientales y 440 ataques a defensores del territorio por minería y otros proyectos extractivistas.
ledz