México, a un mes de decidir si AMLO continúa en la Presidencia

Esta será la primera vez que se aplique que en las mismas urnas donde se le dio un triunfo histórico al Presidente, se defina si puede seguir en su cargo o si la ciudadanía le perdió la confianza.

En un mes se realizará la revocación de mandato | Javier Ríos
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

La revocación de mandato no es un ejercicio innovador o nunca antes visto, incluso en algunos países surgió desde hace casi 200 años. En México se contempla desde hace 80 años, pero este 10 de abril, será la primera vez que se aplique que en las mismas urnas donde se le dio un triunfo histórico al presidente Andrés Manuel López Obrador, se defina si puede seguir en su cargo o si la ciudadanía le perdió la confianza.

En el mundo, la revocación de mandato también es conocida como revocatoria de mandato o referéndum revocatorio, y se aplica en distintos niveles de gobierno, en el caso de México se aplicará por primera vez para Presidente de la República exactamente en un mes.

Es en Suiza donde este ejercicio de participación democrática es más añeja, aunque no se contempla a nivel federal, se aplica en seis cantones. El primero fue Berna en 1846 aunque como en el resto de los lugares en que se contempla, no ha sido un método recurrente ni efectivo.

Canadá lo estableció en 1995, mientras que en el caso de Estados Unidos es más común y ha dado resultados desde hace un siglo aunque no se contempla para el presidente. El primer caso fue el del alcalde de Seattle, Hiram Gill destituido en 1911 mediante esta figura; el gobernador de Dakota del Norte, Lynn Frazier, en 1921 y más recientemente el gobernador de California, Gray Davis, en 2003.

En América Latina destacan Venezuela, Ecuador y Bolivia, que lo consideran a nivel federal. En estos países, los casos más emblemáticos son el de Hugo Chávez, en Venezuela, cuando en 2004 la oposición pidió revocar su mandato y fueron a las urnas el 15 de agosto.

Ganó el “no” a la pregunta “¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas, al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencia?”, quedándose en el poder hasta que murió en 2013.

En Bolivia, en 2008 se preguntó a la ciudadanía: “¿Está usted de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?”, quedándose en el poder con el 60 por ciento de los votos que ratificaron su mandato y que le permitió reelegirse y mantenerse hasta el 2019.

Mientras que en México, aunque tampoco es una figura nueva, siempre fue letra muerta. Yucatán lo prevé en su constitución desde 1938, pero fue hasta 2010 cuando se cuestionó esa figura e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, igual que en Chihuahua donde la legislación electoral contempló este ejercicio desde 1997.

Como una promesa de campaña de López Obrador, se reformó la Constitución en 2021 para considerarlo a nivel federal y someter a decisión de las y los mexicanos la revocación del mandato del presidente de la República, con consecuencias que podrían desestabilizar al país si la ciudadanía vota para que se vaya. Aunque para esto, se requieren varios requisitos.

La Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato indica que una vez que el tres por ciento de las personas con credencial de elector solicitan la revocación de mandato del presidente de la República por el concepto de pérdida de confianza, para que los resultados tengan efectos vinculatorios deberán participar el 40 por ciento del padrón electoral, alrededor de 38 millones de personas.

Si se reuniera este porcentaje y la mayoría votara por la opción de que no continúe su periodo, no se contemplan nuevas elecciones sino un presidente interino hasta 2024. En cuanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la votación, de tener resultados negativos para el presidente en ese mismo momento debería darse por destituido y asumiría su lugar el presidente de la Cámara de Diputados que hasta ahora es el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Después, la Cámara tendría 30 días para elegir a un diputado o a una diputada que se encargue de concluir el sexenio hasta las nuevas elecciones de 2024.

Será en un mes, cuando la ciudadanía vote para determinar si López Obrador puede continuar su gobierno o si se convertirá en el primer presidente en la historia del país en ser destituido desde las urnas.

FS

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