La Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes y a la Unidad de Atención a Población Vulnerable, deberán garantizar la canalización de todos los menores migrantes a centros de asistencia social y albergues en el país hasta que se regularice su situación migratoria o se resuelva su retorno asistido a sus países de origen.
A través de la publicación de dicho acuerdo en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, instó a los sistemas en la materia, tanto locales como municipales correspondientes a realizar dicha habilitación que garantice la inmediatez de la protección de los menores.
Para efectos de lo anterior, dichos espacios deberán cumplir con las necesidades mínimas para la recepción de los menores, así como la identificación de necesidades por parte de los grupos multidisciplinarios de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.
Dicho cumplimiento será corroborado por el titular de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y las autoridades competentes de las tres órdenes de gobierno.
Cuando la habilitación de estos espacios sea por tiempo indefinido, se concretará mediante los convenios de colaboración que al efecto se celebren, en los que se deberá detallar los mecanismos de administración, así como el personal de apoyo.
Este acuerdo es de observancia general en toda la República y entrará en vigor el 18 de febrero de 2021, tras su publicación en el DOF, por lo que las instituciones públicas y privadas integrantes al Sistema Nacional de Asistencia Social deberán de tomar las previsiones necesarias para dar cumplimiento al mismo.
LG