La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará esta semana un caso que ha generado polémica durante años, el cual involucra a Juan Lira Maldonado, ex presidente municipal de Chignahuapan, ya que la Fiscalía General del Estado de Puebla ha intentado llevarlo ante la justicia por supuestamente estar involucrado en diversos delitos, pero no lo ha conseguido.
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¿De qué se le acusa?
En la administración del gobernador Miguel Barbosa se le detuvo por su probable participación en robo de combustible; además, existen señalamientos de actos ilícitos cometidos años atrás.
En julio de este año, tanto su esposa como su hija fueron vinculadas a proceso por el probable delito de asociación delictuosa.
El 31 de octubre, siete días después de haber asumido el cargo de presidente municipal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el triunfo y ordenó celebrar elecciones extraordinarias.
El próximo miércoles, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará en la Primera Sala de la Corte un proyecto en el que propone negar un amparo a Lira Maldonado, quien alegó que las autoridades de Puebla no tienen facultades para investigar el delito de ‘lavado de dinero’, las cuales están invadiendo atribuciones establecidas en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con antecedentes, el 15 de julio de 2022, un juez de control del fuero común lo vinculó a proceso por el supuesto delito de lavado, pues se presumió el uso de prestanombres, entre ellos familiares.
Además, durante el periodo de 2014 a 2020, adquirió diversos bienes muebles e inmuebles en Chignahuapan, así como vehículos de alta gama de las marcas Honda, Buick, Chevrolet y Ford, algunos de los cuales pagó de contado.
Sin embargo, se amparó y un juzgador federal le otorgó la protección de la justicia al estimar que dicho acto no estaba debidamente fundado y motivado.
No obstante, en una parte del juicio de garantías, el juez federal decidió 'sobreseer' parte de la demanda, es decir, no estudiarla, particularmente el tema de si es o no constitucional el artículo 453, fracciones I y II, penúltimo párrafo del Código Penal para el Estado de Puebla, que prevé el lavado de dinero, y que impone un castigo de cinco a 15 años de prisión.
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Ante esa situación, el presidente municipal interpuso un recurso de revisión y un Tribunal Colegiado solicitó la intervención de la Corte.
¿Revocarán el amparo?
El ministro Ortiz Mena detalla en su propuesta que lo establecido, en el mencionado artículo, es constitucional.
Asimismo, explica que la Constitución Federal no contiene alguna prohibición para que las entidades federativas tipifiquen el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El único límite a esta libertad configurativa es que no pueden disponer de aquellas conductas que se relacionen con el sistema financiero, la intermediación y los servicios financieros”, explica.
En caso de aprobarse el proyecto, se negará el amparo y el asunto será devuelto a un Tribunal Colegiado para que resuelva cuestiones de legalidad que están pendientes.
¿No tenía que ser presidente municipal?
En octubre, el entonces candidato de Fuerza por México fue declarado como el ganador de la contienda electoral por la alcaldía de Chignahuapan, pero minutos antes de que tomara posesión el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) anuló los resultados de las elecciones.
Fue hasta el día 24 del citado mes, cuando una Sala del Tribunal Estatal lo declaró ganador y pudo tomar protesta, tras sortear cuatro distintos procesos que le impidieron asumir el cargo el día 15.
Sin embargo, siete días después, la Sala Superior del TEPJF anuló su triunfo y ordenó que se celebraran nuevos comicios.
Cabe señalar que, en julio, José Luis Campillo González, juez de control vinculó a proceso a Margarita, esposa del político, así como sus hijos Anallely y Gerardo, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa, debido a la compra irregular de terrenos y vehículos, sin embargo, se les permitió enfrentar el proceso en libertad.
Al ex presidente municipal, además de ser relacionado con supuestos delitos de huachicol, también se le ha vinculado con delitos cometidos en el estado de Hidalgo.
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KL