El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, denunció que la mitad de la población penitenciaria que hay en el país se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva, lo cual, dijo, se trata de una injusticia que debe cambiar.
Luego de realizar una visita al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río, Morelos, el titular del IFDP, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, enfatizó que la prisión preventiva en México no es la excepción sino la regla, lo que a su pensar se traduce en una violación constante a los derechos humanos.
Acompañado de integrantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Sandoval Ballesteros se entrevistó con un grupo de 22 mujeres privadas de la libertad que están en procesos penales federales y que están bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
“Estamos con una gran misión de lograr la liberación de estas mujeres, de Juana Hilda, Verónica, Brenda, y todas las que se encuentran en esta situación tan injusta y que llevan seis, ocho, hasta 15 años privadas de libertad sin sentencia”, subrayó.
Estos 22 casos, explicó Sandoval Ballesteros, se han presentado ante el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, todas de la ONU.
“Esta visita conjunta fue muy fructífera, nos permitió conocer problemas y condiciones de internamiento y también plantear a la ONU que en México hay un problema sistemático en el sistema de justicia, que es la excesiva duración de la prisión preventiva oficiosa y los casos de Brenda Quevedo y Verónica Razo, es una prueba de ello”, recalcó.
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