El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, advirtió que, al concluir el actual proceso electoral, será “inevitable” una reforma para someter al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al “principio de legalidad”.
Sostuvo que, tras la cancelación del registro de 49 candidatos morenistas a cargos de elección popular, “un gran porcentaje de ciudadanos cree que el INE y el TEPJF son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad”.
Monreal prepara ya su proyecto para una reforma electoral profunda que establezca, además, la racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios.
“Ahora estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos”, dijo.
Al presentar su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” en Culiacán, Sinaloa, y a través de sus redes sociales, Monreal cuestionó la cancelación del registro a 49 candidatos, todos de Morena, por considerarlas como “sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales” que confirman una actuación a su juicio parcial y subjetiva del INE y el TEPJF.
“Y recientemente intentaban quitarle el registro a la candidata de San Luis Potosí, pero se arrepintieron”, agregó.
Monreal dijo que, aun cuando existían las mismas razones por las que eliminaron a los candidatos a gobernadores en Guerrero y Michoacán, continuó el senador, “ya no se atrevieron a violar los derechos humanos de votar y ser votada de la doctora Mónica Rangel”.
Sostuvo que los hechos confirman que se trataba de un asunto estrictamente político, no jurídico, dado que el mismo criterio que se usó para eliminar las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán, no se quiso utilizar para San Luis Potosí.
Por ello, dijo, una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral.
JLMR