El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley para castigar hasta con 20 años de prisión a quien reclute y use a niñas, niños y adolescentes para actividades delictuosas y del crimen organizado.
En la exposición de motivos de su reforma, el presidente de la Junta de Coordinación Política considera que los menores que hayan participado con o sin su consentimiento en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas, deben considerarse víctimas directas, en término de la legislación aplicable, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Refiere que en México se calcula que entre 30 y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Esa misma organización ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de al menos 700 niñas, niños y adolescentes.
Advierte que, para ocupar a los menores, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños.
Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos.
La iniciativa se plantea atender las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil para tipificar el delito de reclutamiento de menores, de modo que su reconocimiento jurídico ayude a prevenir el delito, identificarlo y sancionar a las personas que lo llevan a cabo.
Se plantea una pena de 10 a 20 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquier delito, así como a participar con o sin su consentimiento en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.
Complementariamente se plantea una serie de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Aolescentes y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de modo que no sólo se prevean disposiciones de carácter punitivo, sino también de protección y restitución de derechos, así como de reparación de daños.
Se señala que en todo el mundo miles de niñas, niños y adolescentes son reclutados por grupos delictivos para la comisión de diversos delitos o como ejecutantes de funciones diversas, incluidas el halconeo y el sicariato.
Las niñas también son reclutadas con fines sexuales o para someterlas a matrimonios forzados.
Este tipo de actos cometidos por asociaciones o grupos delictivos organizados, implican violaciones a los derechos de una población que exige protección integral por parte de todos: familia, sociedad y Estado.
Además, la comisión de este tipo de ilícitos revela la incapacidad de estos actores para protegerles de ser víctimas de los conflictos, de la violencia, de las peores formas de trabajo infantil, así como de los delitos de reclutamiento ilícito y de utilización de personas menores de 18 años.
“Se trata de actos inhumanos que afectan su integridad física y mental”, asevera Monreal.
“La niñez vinculada con grupos delictivos está expuesta a una violencia terrible, pues en general se les obliga a ser testigos y ejecutantes de actos de extrema barbarie, al tiempo que ellos mismos son víctimas de abusos y explotación”, manifestó.
LG