El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, cesar los actos de acoso, represión y abuso de poder contra la diputada local Perla de los Ángeles Villarreal y su familia.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remarcó la necesidad de que el mandatario deje de hacer uso indebido de las instituciones de gobierno para perseguir a quienes representan las fuerzas políticas de oposición en el estado.
Advirtió que dichas maniobras causan perjuicios a terceras personas, así como a la ciudadanía neoleonesa.
Moreira subrayó que, de enero a la fecha, el gobierno de Nuevo León ha emprendido operativos para cerrar negocios de personas cercanas a la diputada Villarreal, con lo cual se han visto afectados su madre, su esposo y familia política.
“Esto solo muestra una franca violación a los derechos y garantías de la diputada Villarreal”, puntualizó.
De acuerdo con la narración de la legisladora y vídeos presentados como evidencia, personal de las secretarías de Salud, del Trabajo y de la Tesorería del Estado llegar en tres carros, ejerciendo un abuso de poder y procediendo a clausurar los negocios, sin la existencia de ningún procedimiento que justifique tales actos.
El líder de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro sostuvo que tales acciones no sólo afectan de manera directa a la diputada y a sus familiares, sino también han provocado que más de 2 mil personas perdieran su trabajo y cerca de 10 mil más fueran afectadas de manera indirecta.
Llamó por ello a cumplir la ley, pues ni el gobernador ni los secretarios de su gabinete tienen la autoridad para clausurar algún establecimiento donde los permisos se encuentran al corriente.
“Como gobernador del estado, Samuel García está obligado a atender y garantizar el bienestar de los pobladores, pues no es posible permitir el ejercicio de actos arbitrarios que atentan contra el imperio de la ley y el bienestar de las personas”, acusó.
JLMR