El legislador morenista Alejandro Robles presentó ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Senado de la República denuncias contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez por la probable comisión de faltas administrativas graves.
Acusó a la integrante del grupo parlamentario del PAN de ocultar información en sus declaraciones patrimoniales, con el fin de invisibilizar un probable enriquecimiento ilícito durante sus encargos como jefa delegacional en Miguel Hidalgo y senadora, por lo que podría alcanzar una sanción de hasta veinte años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, siempre y cuando sean faltas administrativas graves y el monto de la afectación supere 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (20 mil 748 pesos).
En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, Robles sostuvo que la senadora Gálvez pudo utilizar el cargo al frente de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para obtener contratos, con lo cual se estaría beneficiando económicamente.
Aseguró que, en su primera declaración patrimonial realizada en 2002, Xóchitl Gálvez reportó cantidades que, comparadas con los montos obtenidos de 2015 a la fecha, son irrisorias.
“Los montos declarados con diez años como empresaria son muy distantes a los existentes a partir de 2015 a la fecha, periodo en el que se documentan más de mil 500 millones de pesos”, subrayó.
Afirmó que, como jefa delegacional, Xóchitl Gálvez obtuvo contratos por más de 27 millones de pesos, mientras que, de 2018 a la fecha, periodo en el que funge como senadora, los montos han llegado hasta 50 millones de pesos en contratos con el Estado.
Por ello, según la denuncia, Gálvez “pudo haber cometido faltas administrativas graves, como podría ser cohecho, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, ya que posiblemente utilizó su poder o atribuciones que le han otorgado sus cargos para beneficiarse o beneficiar a sus empresas, hechos que esta autoridad deberá investigar y en su caso calificar”.
El diputado Robles señaló que las autoridades están obligadas a investigar si, durante sus encargos públicos, las empresas de Xóchitl Gálvez obtuvieron contratos con el Estado, además de haber utilizado sus cargos públicos para beneficiar a sus empresas con la obtención de dichos contratos multimillonarios.
Precisó que la denuncia es totalmente distinta a la presentada ante la FGR y se refiere a la probable comisión de faltas administrativas, y en caso de encontrarse culpable a Xóchitl Gálvez, sería inhabilitada para ocupar un cargo público hasta por veinte años.
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