El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados “cocina” su Plan B de reforma electoral para presentarlo la próxima semana y votarlo a más tardar el 10 de diciembre.
“El Plan B va estar una vez que concluya el Plan A, que será la próxima semana”, puntualizó Ignacio Mier, líder de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro.
Perfiló así votar el proyecto de reformas a seis leyes secundarias a más tardar el 10 diciembre, a fin de que el Senado tenga tiempo de analizarlo y aprobarlo antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese contexto, Mier reafirmó la intención de compactar la estructura administrativa del INE y reducir 3 mil millones de pesos al gasto operativo de dicho organismo.
“El Plan B significa que la columna vertebral que forma parte de la reforma constitucional se pueda reflejar en las seis leyes que serían materia de reformas y modificaciones, las leyes secundarias que van desde la Ley de Partidos Políticos, hasta la Ley de Comunicación”, detalló.
Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el coordinador de los diputados de Morena reconoció, sin embargo, las limitaciones de una reforma a la ley secundaria en aspectos como la reducción del número de consejeros electorales, así como de diputados y senadores en el Congreso de la Unión.
“¿Qué es lo que no se puede? No se puede lo que está expresamente señalado en la Constitución. Ejemplo, el número de integrantes de las dos cámaras, eso no se puede reducir en una ley secundaria; quedarían los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Quedarían los 128 senadores de la República en los tres principios: el de mayoría, la primera minoría y el de representación proporcional”, dijo.
No obstante, el llamado Plan B considera reducir 3 mil millones de pesos a las direcciones ejecutivas de Capacitación y de Organización del INE, sin poner en riesgo la celebración de elecciones.
“De la pura estructura operativa, que no tiene que ver nada de que ponga en riesgo la instalación de casillas, ni el proceso de insaculación, ni de capacitación de funcionarios públicos y menos las elecciones; es el gasto operativo”, sostuvo Mier.
JLMR