Morena en el Congreso defendió la vigencia de la llamada “Ley garrote” en Tabasco, al negar que se trate de criminalizar la protesta social y presumir que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí bloqueó Reforma y los pozos petroleros hace treinta años, pero nunca pidió dinero por ello, como intentan hacerlo sindicatos y otros grupos sociales en esa entidad.
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A ello, la oposición replicó que es falso que se sea para evitar extorsiones, porque varios artículos de esa ley impedirán hasta que los estudiantes paren camiones en las calles. “¿Qué vamos a ver después? ¿Que también en la Ciudad de México se impidan las movilizaciones?”, cuestionó la priista Beatriz Paredes.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, las bancadas discutieron la aprobación de la ley que sanciona la protesta.
Desde tribuna, la priista Dulce María Sauri exhibió parte del articulado, según el cual se aplicará prisión de dos a diez años y multa de 60 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga.
Destacó que si ese transporte estuviese ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán a una tercera parte.
“Justamente cuando se interrumpe por cualquier razón de protesta y se empieza una recaudación en una vía de peaje por parte de algún grupo organizado está cayendo justo en el artículo, en los supuestos del artículo 308. No se califica si la protesta tiene un origen social o un origen, vamos a decir de otra naturaleza, simplemente lo tipifica”, insistió la priista.
Mientras que Paredes Rangel recordó que México es un país de movilizaciones diversas, por lo que llamó a Morena a rectificar y matizar esa ley.
Al respecto, los morenista Ana Lilia Rivera y Eduardo Ramírez rechazaron que se trate de criminalizar.
“Evidentemente sanciona a quien obtenga un lucro, un beneficio, porque aquí entran dos derechos humanos: uno, que es el de la libertad de tránsito que debe de estar garantizado; y el otro es la libertad de manifestación, que también debe estar garantizado”, aseguró Ramírez Aguilar.
Al abundar que hay jurisprudencia en la Corte con el criterio de que “el legislador debe garantizar tanto al que se desplaza de un lugar hacia otro, ya sea para trabajar o para cumplir cualquier compromiso”.
Con información de Silvia Arellano
VJCM