El plan B electoral necesitará que al menos 750 legisladores de todo el país acepten aprobar recortes de financiamiento, sueldos y privilegios con dedicatoria directa contra sus bolsillos. Ceder votar a favor de afectaciones personales requerirá que Morena y sus aliados alcancen una estrategia que incluya a dirigencias, liderazgos, gobernadores y bancadas para repetir el éxito exprés de otras reformas como la judicial.
Este fin de semana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, logró avances con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para cerrar filas con la nueva propuesta electoral constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que rechazaron el plan A que ponía como centro la afectación al dinero y a la distribución del poder que controlan las dirigencias nacionales. Con esto a salvo, la próxima reforma podría avanzar en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Congresos locales, el reto de reforma electoral
De consumarse su aprobación, el segundo paso será que los congresos locales acepten aprobarse autoreducciones, para que los ajustes a sus sueldos, privilegios, comodidades y acceso a espacios de poder sean disminuidos para que ese dinero lo controlen los gobiernos estatales para otros fines que no los incluyen.
En el adelanto de su plan B, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró que los 32 congresos locales cuentan con mil 123 diputadas y diputados. Las dos terceras partes implicarían 750, y actualmente, Morena y sus aliados rebasan por sí solos ese límite. Requieren, además, que estén distribuidos en al menos 17 entidades y la coalición de la transformación lidera al menos 25 sólo con los tres partidos, adicionales a otro par con aliados locales.
Sin embargo, aunque Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en prácticamente todo el país, el reto será que los legisladores locales acepten aprobar una reforma que va directamente en contra de sus beneficios personales económicos, además de los liderazgos locales que se verán afectados en el reparto de los espacios en las elecciones que es donde se da la principal disputa política-electoral.
Y es que el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como dos principales ejes disminuir los privilegios de los Congresos locales y los de los municipios.
En el caso de los congresos, la titular del Ejecutivo federal explicó que se pondrá un tope a los gastos de cada congreso y fijarán sueldos para que cualquier diputada o diputado gane lo mismo sin importar la entidad a la que pertenezcan, puso como ejemplo que, en Baja California, los legisladores son ‘más caros’ pues se invierten 34.8 millones de pesos al año en cada uno, mientras que el costo anual de cada uno en Colima es de 5.1 millones de pesos.
De llegar a un acuerdo nacional, el reto de Morena, PT y PVEM será que todos los congresos se alineen a una misma estrategia para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ninguna fuerza logró a nivel federal.
En la aprobación del plan A, ninguna bancada de la cuarta transformación alcanzó una votación uniforme: en Morena, pese a ser el partido de la Presidenta, tres legisladoras rechazaron su propuesta y otras, como la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prefirieron ni siquiera pasar lista para no tener que tomar una decisión y esquivar fijar postura, a pesar de que estaba presente en el pleno previo a la votación.
En el Partido Verde, 12 legisladores desoyeron los intereses del partido y votaron a favor, y en el PT uno decidió desalinearse de la defensa que otros legisladores habían hecho en contra de la propuesta.
Morena necesita estrategia uniforme con estados
En ese escenario, Morena requerirá una estrategia uniforme, pues, aunque las bancadas estatales reciban la orden nacional de aprobar el plan B, podría haber votos en contra que pongan en riesgo el pase automático que hayan acordado en Palacio Nacional.
Las dirigencias nacionales han tenido casos de éxito en estas aprobaciones con estrategias pactadas en todos los estados, sumando a gobernadores, gobernadoras, liderazgos locales y bancadas completas.
El mejor caso fue la reforma judicial, de interés personal del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que, a pesar de rebasar los límites constitucionales para hacer cambios a las reglas de las elecciones, logró aprobarse con una línea directa en todo el país. apenas dos horas después de su aprobación en el Senado, el Congreso de Oaxaca la respaldó en una sesión de apenas seis minutos. Y en menos de 24 horas, ya tenían la mayoría calificada en los 17 congresos necesarios para validar los cambios constitucionales.
Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas fueron los primeros 17 congresos de entidades morenistas que aprobaron la reforma judicial y que han mostrado disciplina en otras reformas. Incluso, en esa ocasión, Durango gobernada por el priista Esteban Villegas fue el onceavo congreso en validar esa reforma, antes que otros estados guindas.
En el caso de los liderados por la oposición, su papel resulta irrelevante en la resistencia al plan B, algunos incluso ni siquiera tienen claridad para ningún lado, como el caso de Guanajuato. En ese congreso, se requieren 24 votos, pero ningún bando los tiene garantizados. Morena tiene 11 legisladores y el PAN 16, ambos necesitan al resto de las bancadas juntas.
Ahí, incluso, los legisladores del Partido Verde están aliados con el PAN, a quienes se suman los priistas y el único perredista, Mientras que Morena apenas cuenta con la fidelidad del único legislador del PT. La balanza la mueve Movimiento Ciudadano pero en este caso, su voto a favor de Morena resultaría sin efecto alguno.
La coalición no requiere de estas entidades si logra que tras un acuerdo nacional para respaldar el plan B, las bancadas estatales se alineen en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum que según sus cálculos, lograría con esto un ahorro de cuatro mil millones de pesos.
IOGE