Integrantes del grupo parlamentario de Morena y sus aliados coincidieron con los senadores demócratas en Estados Unidos, Robert Menéndez y Dick Durbin, en que la violencia contra periodistas en México debe atenderse de manera conjunta, y con la participación de los sectores público y privado, para obtener mejores resultados.
Por ello, hicieron un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas desde Estados Unidos a México, que han propiciado altos niveles de violencia en nuestro país.
Alrededor de 45 legisladores, entre ellos la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, firmaron un pronunciamiento en el que destacan que, desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha procurado la protección de los periodistas.
Ello, bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Destacaron que este mecanismo protege a alrededor de mil 599 periodistas, principalmente a aquellos que cubren información relacionada con la delincuencia y la corrupción.
En el documento, subrayaron que el 11 de julio se llevó a cabo el primer foro regional para la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Lo anterior, con el propósito de establecer una coordinación y corresponsabilidad entre Federación, estados y municipios, para poner un alto a los actos de violencia y crímenes contra los comunicadores.
El nuevo ordenamiento estará basado en la “Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa”, elaborada por asociaciones de ese gremio, con base en el plan de Acción de la ONU; además de ser respaldada por la UNESCO.
Además, explicaron Morena y aliados, incluye un protocolo homologado de actuación para todas las autoridades y un registro nacional de agresiones hacia periodistas y defensores de derechos humanos.
En el documento también destacaron que el 23 de febrero de 2022, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dirigió una carta al secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, donde señala los avances en las investigaciones de cinco homicidios de comunicadores, lo que incluyó el caso de Margarito Martínez.
Como en la mayoría de los homicidios cometidos en suelo mexicano, para ultimar a estos periodistas presumiblemente se usaron armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos.
Además, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseveró que las armas aseguradas en el asesinato de Margarito Martínez son provenientes de Estados Unidos, y éstas, presumiblemente, fueron utilizadas durante el asesinato del fotoperiodista.
“En este sentido, México ha tomado cartas en el asunto al presentar una demanda en contra de las principales fábricas de armas estadunidenses, incluyendo a Smith and Wesson, por facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia nuestro país”, enfatizaron.
“Como bien señalan los senadores Menéndez y Durbin en su comunicado del 12 de julio sobre la violencia en contra de las y los periodistas en México, el trabajo en este tema debe abordarse y trabajarse de manera conjunta, involucrando tanto al sector público como al sector privado para obtener mejores resultados”, indicaron.
LG