El grupo parlamentario de Morena presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que, entre otros aspectos, prevé la cancelación de las pensiones de retiro para los ex presidentes y la reducción de sueldos de los altos funcionarios, así como la prohibición de seguros de gastos médicos, de vida o de separación individualizada para servidores públicos de la administración federal.
Considera igualmente suspender los servicios de escolta y blindaje de vehículos para la protección de funcionarios del gobierno, salvo aquellos “con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia”.
El proyecto avalado por el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador prohíbe también la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte para funcionarios públicos.
Al presentar la iniciativa a nombre de la bancada de Morena, el legislador Manuel Rodríguez sostuvo que el conjunto de medidas en materia de austeridad no afectará, suprimirá, disminuirá ni restringirá programas sociales o derechos tutelados por la Constitución, sino, por el contrario, permitirá liberar recursos para destinarlos al desarrollo y la prosperidad de los mexicanos.
“En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza, ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público. Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, remarcó.
En su turno, el grupo parlamentario del PRI en el Palacio de San Lázaro propuso su iniciativa de Ley de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas para regular los sueldos de los funcionarios federales e impedir que cualquiera de ellos gane más que el Presidente de la República.
“El principal objeto de esta ley es regular los rangos y los montos de las remuneraciones que percibimos los servidos públicos federales, estableciendo con claridad que nadie gane más que el presidente, y he de remarcar, eso ya está establecido hoy en nuestra Constitución”, señaló la priista Soraya Pérez desde la tribuna.
Adicionalmente, dijo, la ley obligará a tomar en cuenta dos factores fundamentales: que los servidores públicos dispongan de una remuneración suficiente y, al mismo tiempo, que esas percepciones sean congruentes con el nivel de responsabilidad que tengan en el servicio público.
Con información de Elia Castillo