Las bancadas de Morena y del PRI en la Cámara de Diputados presentaron por separado iniciativas de reformas a la Constitución Política para eliminar la figura del arraigo.
Por conducto de su vicecoordinadora, Aleida Alavez, la fracción morenista en el Palacio de San Lázaro sostuvo que la figura de arraigo ha sido permanentemente cuestionada, pues implica padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada.
Subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en su momento que el Estado mexicano debe suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la convención.
Por ello, en cumplimiento de dicha sentencia, propuso derogar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional que establece actualmente la figura de arraigo.
Planteó asimismo reformas al Código Nacional de Procedimientos Penal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el mismo sentido.
“El arraigo ha sido una herramienta no solo fallida de gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino utilizada para fines oscuros. En 2009 Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y, como sabemos, desde ahí ejercía el poder y control de todos los órganos impartidores de justicia para brindar protección a sus patrones narcotraficantes”, acusó.
En su turno y a nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Ana Lilia Herrera presentó ante el pleno la iniciativa de reformas constitucionales para eliminar también la figura del arraigo, así como sustituir la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada.
“Las cifras no mienten: de enero a septiembre de 2022, en México hubo un promedio de 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de las cuales, 41 por ciento lo fue por prisión preventiva (…). En promedio, solo de enero a septiembre de 2022, estamos hablando de 93 mil 227 personas en la cárcel sin una condena”, remarcó.
La legisladora mexiquense detalló que el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales reveló que del 100 por ciento de la población en centros penitenciarios, 12.6 por ciento de mujeres llevan dos o más años esperando su sentencia, mientras que 14.2 por ciento de hombres sumaba el mismo periodo en espera de una determinación penal.
Dijo que medidas cautelares como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se mantienen en nuestra Constitución y se han convertido en una gran contradicción en nuestro sistema penal, porque en esencia son violatorias de derechos humanos.
JLMR