La bancada de Morena presentó al pleno de la Legislatura local una iniciativa de ley para retirar privilegios a los integrantes del Poder Judicial como es el “haber de retiro”, el cual les permite cobrar su salario de magistrados durante seis años más luego de dejar el cargo, y para reducir su tiempo en funciones de 15 a seis años.
El documento entregado por el diputado Alfredo González González, puntualiza que el Consejo de la Judicatura podrá ratificarlos únicamente por un periodo igual, pero con aprobación de la Legislatura y previa acreditación de exámenes de actualización y demuestre un ejercicio probo, eficaz, profesional y sin notas de demerito.
Y enfatiza que “los magistrados al finalizar su encargo no gozarán de haber de retiro, ni prestación adicional, salvo los establecidos dentro de la Ley del Instituto de Seguridad Social”.
Asimismo añade que sólo podrán ser separados de su cargo a petición de la Judicatura si cometió algún delito, faltas u omisiones en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, mala conducta y por incapacidad física o mental.
- Te recomendamos Proponen tarjetas de prepago para transporte público Negocios
Escuela Judicial
En el caso de la Escuela Judicial indica que su titular será designado por el Congreso local, de entre los jueces de primera instancia o una persona que reúna el perfil académico, técnico y profesional, con posibilidad de durar en el cargo seis años y no cinco como ocurre actualmente.
El Poder Legislativo es el facultado para removerlo de esa posición.
Entre las reformas al artículo 89 de la Constitución Política de la entidad y a los artículos 26, 154 y 161 de la fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, da oportunidad de volver a concursar por la misma categoría, cuando no hayan aprobado los exámenes para acceder a un cargo, dando garantía de audiencia y revisión total y comparativa del examen, y lo relacionado a las evaluaciones prácticas.
En la argumentación de la iniciativa de ley sustenta que el haber de retiro del cual gozan actualmente los magistrados, es propio del ámbito militar y se considera “un exceso que recae de manera directa en las finanzas del Poder Judicial”, sin que tenga alguna justificación porque nada obstaculiza que puedan trabajar y vivir dignamente.
Considera que pese a tener un rango superior, los magistrados no dejan de ser servidores públicos y por tal tienen los mismos derechos en materia de seguridad social, sin privilegios.
La iniciativa fue remitida a comisiones para su análisis y discusión.
LC